Hermanita Wrote:6) Las observaciones de la jueza sobre aguas, lavados, explosivos, medios de los laboratorios... me parece que son reproducción de lo dicho en ese juicio por los testigos comparecientes. Creo que no expresa su propia opinión sobre el caso. Desde luego, no puede dictar sentencia basada en lo que ella conoce y sabe del asunto en general y por todos los medios, o sea, por haber seguido el juicio del 11M, por los medios de comunicación, etc: sólo debe usar el material aportado por las partes.

Quote:

Pedrojota Wrote:“el frutal apellido de su jefe”

Múgica Wrote:"llevaba fama de fantasma y chuleta, con su pelo repeinado y sus modales de presunto Cary Grant"

Lozanitos Wrote:"Por ejemplo, la bolsa del Puente de Vallecas. Durante dos años, el jefe de los Tedax se ha quedado en su casa hurtándosela al Juez Del Olmo y si ha sido capaz de quedarse con la prueba principal que permitió poner en marcha toda la tragicomedia del 11-M al 14-M, más los esperpentos partamentario y policial de estos dos años infames, ¿qué no habrán hecho Manzanos y Perales, encinas y Alcornoques. con otras pruebas menores y las declaraciones de unos y otros? ¿Qué diligencias habrán sido realizadas y que minuciosidades rematadas en segundos? Si tanta desvergüenza y tanto desprecio mostrado en la piedra angular del sumario, trampeado, inventado. escondido. disimulado mientras el juez lloraba en público ... ?

lozanitos Wrote:lidiar estos marrajos (tiburón) resabiados

Lozanitos Wrote:ha batido todas las marcas de la doblez delictuosa y de la trola al por mayor

Lozanitos Wrote:abundantes irregularidades con visos delictivos perpetrados por el responsable ... Es que Manzano y sus manzanitas han mentido han ocultado pruebas, han tergiversado ...

Lozanitos Wrote:las dudosas hazañas de "Pepe Gotera Manzano"

Y éste que sigue, junto con el de “La cuarta trama”, es de traca.

Lozanitos Wrote:" Justo es día que comprobamos que el jefe de los TEDAX mintió en la comisión del 11-M y AHORA RECONOCE de hecho todas sus falsedades: la Goma 2 ECO (que "dedujo", pero nunca analizó ni mandó analizar, dice), la mochila de Vallecas (que nunca estuvo en los trenes), las cien pruebas de la furgoneta Kangoo (provincialmente secuestrada y documentalmente falsificada en Canillas) y hasta el supuesto suicidio de los islamistas en Leganés dizque cercados por la policia tras un tiroteo. Todo falso. Ya no ~ una "teoría de la conspiración".
En lo que se parecen a los terroristas clásicos estos trileros desvergonzados del 11M. estos vendedores de humo y engañabobos al por mayor es en la importancia que le dan al lenguaje, que el terrorismo del XIX, las guerras del XX y los golpes de Estado del XXI es donde se gana o se pierde ... "

Lledó Wrote:Fundamento jurídico tercero:

En segundo lugar, la proyección pública de la persona que se siente ofendida, que "al haber optado libremente por tal condición, debe soportar un cierto riesgo de una lesión de sus derechos de la personalidad", tal como dijo la sentencia del Tribunal Constitucional 165/1987, de 27 de octubre y, desde entonces, ha sido reproducida reiteradamente por la jurisprudencia; que también ha dicho que en las personas o actividades de proyección y trascendencia pública la protección del derecho al honor disminuye, la de la intimidad se diluye y la de la imagen se excluye.
En tercer lugar, por la gravedad de las expresiones objetivamente consideradas, que no deben llegar al tipo penal, por un lado, ni tampoco ser meramente intranscendentes por otro.
Si bien el honor representa un valor al que se concede protección ante los ataques de otras personas es lo cierto que el juicio de reproche ha de realizarse atendiendo a las circunstancias en que se produce el presunto ataque, debiendo apreciarse un animo claro y manifiesto de lesionar el patrimonio moral de otra persona, sin que tal dolo específico pueda presumirse por prohibirlo la presunción de inocencia consagrada en el arto 24.2 de la Constitución, (sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de febrero de 1985). Pueden existir móviles impulsores distintos al ánimo de lesionar el honor de los terceros, como el animus criticandi (con especial relieve de la crítica política) el narrandi o el informandi.
(…)
La calificación de ser atentatorio al honor una determinada noticia o expresión debe hacerse en relación con el contexto y las circunstancias de lugar y ocasión en que se vertieron, teniendo establecido (STS 15-3-01) tanto la doctrina constitucional como la jurisprudencial que se ha de interpretar en su conjunto el texto o noticia difundida, pues no resulta procedente aislar expresiones que, en su propia significación, pudieran merecer sentido distinto al que tienen dentro de la totalidad de lo expresado, prevaleciendo el elemento intencional de la noticia, de manera que, las palabras empleadas no pueden extraerse del contexto y ser juzgadas independientemente del mismo, prescindiendo de esta forma de las circunstancias concurrentes que les han servido de antecedente, y como dice la sentencia del tribunal Constitucional 171/1990, de 12 de noviembre, "el carácter molesto o hiriente de una información no constituye en sí un límite al derecho a la información misma (TEDH, caso Lingens, sentencia de 8 de julio de 1986).
(…)Tribunal Constitucional 171/1990, de 12 de noviembre, "el carácter molesto o hiriente de una información no constituye en sí un límite al derecho a la información misma (TEDH, caso Lingens, sentencia de 8 de julio de 1986).
Para sobrepasar el límite de lo tolerable, esas expresiones deben poder ser consideradas como expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias que sólo pueden entenderse como insultos o descalificaciones no por un ánimo o por una función informativa, sino como ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional 105/1990, con malicia calificada por un ánimo vejatorio; o por la enemistad pura y simple.
(…)

Quote:En lo que respecta a las expresiones y frases resaltadas por el demandante y contenidas en los artículos enjuiciados, una lectura completa y desapasionada de los textos sin extrapolaciones interesadas, y con independencia de la mayor o menor fortuna de aquéllas, lleva a concluir que las mismas no traspasan el límite de lo permitido dentro de las libertades de Opinión y de Expresión…

Quote: …porque su razón de ser tiene su antecedente en los hechos, y datos procedentes de la Comisión de Investigación Parlamentaria y de las diligencias policiales y judiciales que componen la información difundida, expuestos en el razonamiento que antecede y reputados como veraces, y sobre la base de los mismos los demandados aportan sus opiniones, exponen hipótesis, conjeturas y juicios de valor, los cuales dentro del contexto explicitado no son -asépticamente considerados- atentatorios contra el honor sino, fruto de una crítica periodística admisible…

Quote: …ante una serie concatenada de hechos que revelaban anomalías y disfunciones de diverso signo y que ineludiblemente alcanzaban al demandante por el protagonismo que ostentó en su desarrollo, dada su condición de Jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ,

Quote:…esto es, de los Tedax y, por ende, como máximo responsable de la referida Unidad, no sólo de las decisiones personales que como tal adoptó sino también del actuar de los efectivos adscritos a su Unidad y del que tuvo que -o debió- estar al tanto y, por tanto, conoció y secundó.

Quote:Y así, en su propia declaración prestada en la Comisión de Investigación Parlamentaria, y respecto del modo de hacer sus investigaciones, manifestó que “tuve plena autonomía y lo que estaba bajo mi responsabilidad lo hice como consideré oportuno. Por tanto, es responsabilidad mía”, aunque tal afirmación, a juicio de los demandados, se contradice con su posterior testimonio ofrecido en el plenario intentando derivar su responsabilidad a la perito química por él designada y restantes miembros de su equipo, y de ahí la alusión que incide sobre la personalidad del demandante contenida en el artículo publicado el 18 de Marzo de 2007 y suscrito por D. Fernando Múgica, cuando dice “llevaba fama de fantasma y chuleta, con su pelo repeinado y sus modales de presunto Gary Grant”, manifestaciones estas que no se hacen con el fin de descalificarle personalmente sino para contraponer su anterior aspecto con la ofrecida en el plenario que en opinión del Sr. Múgica era muy distinta de la imagen descrita por sus propios compañeros de Pamplona.

Quote:No cabe apreciar que los artículos denunciados constituyan una campaña de prensa contra la persona y el prestigio del demandante, ni en ellos se desvela una intención torticera contra el mismo ni un propósito de humillarle o menospreciarle. La interpretación de las frases y expresiones destacadas por el actor, en el contexto en el que las mismas se desenvuelven y su ubicación dentro del contenido íntegro de los artículos periodísticos, impiden considerarlas como una intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor del actor.

Quote:El derecho a la libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aún cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige (STC 6/00, 49/01, 2104/01), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe sociedad democrática.

Quote:Las ideas, opiniones, juicios personales, hipótesis y conclusiones formuladas y contenidas en los textos analizados, con los que se podrá estar o no conforme y con independencia de que sean o no acertadas pues para ellas no se exige el requisito de la veracidad,…

Quote:…no están desconectadas de una base fáctica real ni de un ánimo de censura y reprobación, sin que se observe en ellas una específica intencionalidad de injuriar, una ofensa gratuita con finalidad humillante o de menospreciar a la persona del demandante, quien al haber optado libremente a un cargo de inherente notoriedad pública ha de afrontar, aceptar y soportar la crítica evaluación de su conducta profesional o el juicio sobre su idoneidad o aptitud profesional “aunque duela, choque o inquiete “(STC 76/1995 de 22 de Mayo) o sea “especialmente molesta o hiriente” (STC 192/1999 de 25 de Octubre), o en definitiva, pueda resultar desmesurada.

Quote:Con tales precisiones, un examen de los distintos artículos debatidos, examinados en su integridad y, por ende, sin aislar y deslindar las expresiones destacadas y frases resaltadas por el actor, y que se pretenden ofensivas, del contexto de los escritos que las contienen, y atendiendo la cronología de los hechos y el modo en que los mismos se han venido sucediendo, lleva a concluir, como acertadamente razonó el Ministerio Fiscal, que no constituyen intromisión alguna al derecho al honor del demandante, y no dejan de ser una crítica legítima a la actuación profesional del mismo…

Quote: …que, a juicio de los demandados, sólo sirvió para confundir y desorientar al juez instructor y la investigación en curso, y de ahí las expresiones de “falsedad”, “engañó”, “hurtó”, “ocultado”, “amañado”, “tergiversado” , “mintió”, “fiasco” , “chapuza”, ”marrullería” y similares, y ello atendidos los episodios que protagonizó el demandante en su curso, tales como la omisión del Magistrado instructor de la radiografía efectuada a la “mochila de Vallecas”, el embrollo causado con la aparición de la metenamina y el DNT, componentes éstos ajenos a la Goma 2 ECO, etc ... ,

Quote:…y siendo cierto que ninguno de los artículos faltan a la verdad al narrar los presupuestos fácticos sobre los que los demandados aportan sus opiniones y juicios de valor …

Quote: …porque su razón de ser tiene su antecedente en los hechos, y datos procedentes de la Comisión de Investigación Parlamentaria y de las diligencias policiales y judiciales que componen la información difundida, expuestos en el razonamiento que antecede y reputados como veraces, y sobre la base de los mismos los demandados aportan sus opiniones, exponen hipótesis, conjeturas y juicios de valor, los cuales dentro del contexto explicitado no son -asépticamente considerados- atentatorios contra el honor sino, fruto de una crítica periodística admisible…

Quote:…y siendo cierto que ninguno de los artículos faltan a la verdad al narrar los presupuestos fácticos sobre los que los demandados aportan sus opiniones y juicios de valor …

Quote:… y formulan hipótesis explicativas sobre el hallazgo de la metenamina en la furgoneta Kangoo y en la muestra patrón y no en la mochila de Vallecas (realizadas las analíticas de todas ellas con el mismo cromatógrafo de gases) y el contenido del informe de 26 de abril de 2004 dando a entender que la metenamina era componente genérico de la dinamita, planteando la posibilidad de que el explosivo encontrado en la furgoneta Renault Kangoo y la muestra patrón de Goma 2 ECO entregada a la Policía Científica provinieran del mismo cartucho, teoría explicativa que está basada en unos datos ciertos y, por ende, amparada por la libertad de expresión.

Quote:(…)
Por último, en cuanto a los epítetos o calificativos que se le dirigen al demandante en los artículos enjuiciados, tales como "presunto sinverguenza", "inepto", "probado incompetente", "actuación inquietante" "confusa y negligente", "comportamientos turbios", "turbio policia", "pepe gotera manzano", "manzano y sus manzanitas", "vendedores de humo", "trileros desvergonzados", "engañabobos al por mayor", y "morlacas resabiados", aunque entrañan, en su conjunto, un juicio ciertamente desfavorable de la persona del demandante, es de ponderar, y no de obviar, la relevancia e interés general del asunto y el carácter de personaje público del afectado, lo que supone, ya de por sí, un debilitamiento en la protección que ha de dispensarse al derecho al honor y la concesión de cierta primacía a los derechos de libertad de expresión e información, siendo de admitir que tales expresiones, aunque hirientes, desabridas, de mal gusto y desafortunadas algunas, se encuadran claramente en el ámbito de la crítica a la actuación profesional del demandante, y apreciadas tanto en su contexto como en relación con las circunstancias del momento en que se redactan los artículos no cabe considerar que sean lesivas del honor del actor, y SOLO SIRVEN DE APOYO PARA CRITICAR O CENSURAR ANTE LOS LECTORES, ya con dureza ya con ironía, jocosidad, mordacidad o metafóricamente, el comportamiento de quien, por el cargo público que ostentaba y la actividad que en base al mismo desarrollaba, estaba sujeto a un riguroso control por parte de la opinión pública.
Por todo lo expuesto y razonado no cabe otro pronunciamiento que la desestimación de la demanda.

Quote:Tribunal Constitucional Sala Segunda. Sentencia 232/2002, de 9 de diciembre

Antecedentes de Hecho
2. Los hechos de los que trae su causa el presente recurso de amparo son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) El día 23 de septiembre de 1998, sobre las 20 horas, cuando se celebraba el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Escalante (Cantabria), tras una discusión sobre la gestión política de la entonces Teniente de Alcalde, doña N.P.S., ésta llamó repetidas veces al Concejal don Á.R.G. "ladrón", "cacique", "cínico" y le emplazó a que devolviese "todo lo que había robado al Ayuntamiento".
(…)
d) La defensa de doña N.P.S. interpuso recurso de apelación, mostrando su disconformidad con el relato de hechos probados contenido en la Sentencia de instancia, y justificando la ausencia de responsabilidad penal de la entonces Teniente de Alcalde en diversas razones (se juzga un hecho aislado y desprovisto de elemento subjetivo, que constituye una respuesta a una actitud constante de menosprecio y descrédito de don Á.R.G. y que tiene lugar en el marco del debate político STC de 8 de junio de 1988). El ofendido sostiene, en su escrito de impugnación del recurso de apelación, que no se pueden cuestionar los hechos probados porque sean menos amplios de lo que la parte pretende, y que no cabe advertir la concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal.

e) La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santander estimó íntegramente el recurso de apelación interpuesto por doña N.P.S. en la Sentencia dictada el 30 de septiembre de 1999. A juicio del Tribunal, "resulta indiscutible que las expresiones reflejadas en los hechos probados son objetivamente injuriosas, que por su significado ha de presumirse la intención también injuriosa de su autora, intención que no se desvanece por la concurrencia de un animus retorquendi, pero esa conducta queda justificada y extramuros del Derecho penal, ya que ha de entenderse amparada por la libertad de expresión que, como herramienta de control y crítica a los grupos políticos rivales y a las personas que los integran, resulta imprescindible para la propia existencia del Estado democrático". De ahí que, manteniendo el relato de hechos probados fijado en primera instancia, falle la libre absolución de doña N.P.S..

3. La demanda de amparo entiende que la Sentencia dictada el 30 de septiembre de 1999 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santander lesiona los derechos al honor y a la tutela judicial efectiva de don Á.R.G., por lo que pretende su anulación,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El recurrente en el presente amparo, don Á.R.G., concejal del Ayuntamiento de Escalante, dirige su demanda contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santander de 30 de septiembre de 1999, que absolvió a doña N.P.S., en aquel momento Teniente de Alcalde del mismo Ayuntamiento, por las manifestaciones vertidas en un Pleno municipal en el que calificó al recurrente de "cacique" y de "ladrón" y le requirió para que devolviese "todo lo que había robado" a la corporación local.

La representación de don Á.R.G. estima que dichas manifestaciones han lesionado su honor y, en la medida en que la precitada Sentencia, dictada en apelación, absolvió a la Teniente de Alcalde, pretende su anulación. Apoya su pretensión en que las declaraciones de ésta no se hicieron en el marco de la expresión de ideas políticas o ideológicas, sino que son expresiones objetivamente injuriosas vertidas con tal intención, tal y como ha reconocido la propia Sentencia que se impugna. Por otra parte, recuerda que las libertades contenidas en el art. 20.1 CE no amparan, en caso alguno, el insulto. Finalmente, mantiene el recurrente que el concejal de un pequeño pueblo no puede equipararse al político profesional, lo que supone que es más vulnerable en su honor. Por el contrario, la representación de doña N.P.S. solicita la desestimación íntegra del amparo, ya que sus manifestaciones tenían una indudable naturaleza política (se realizaron en un órgano de tal naturaleza, y tuvieron por destinatario a un concejal), por lo que deben verse amparadas por la libertad de expresión, básica en un Estado democrático.

El Ministerio Fiscal, por su parte, solicita la estimación del presente recurso de amparo, pues considera que las debatidas manifestaciones no encuentran cobijo ni en la libertad de expresión ni en la de información. Entiende que estamos en presencia de unas declaraciones objetivamente injuriosas, realizadas con tal ánimo por la entonces Teniente de Alcalde y que no se inscriben en un discurso político que merezca una protección por parte del Tribunal Constitucional (sino que, más correctamente, han servido para debilitar el del recurrente). Aunque el animus retorquendi podría servir como un elemento circunstancial para calificar la injuria proferida como leve, en ningún caso podría justificar que se negara su existencia y relevancia penal.

2. El recurrente considera que las manifestaciones vertidas por doña N.P.S. en el Pleno del Ayuntamiento de Escalante celebrado el 23 de septiembre de 1998 han vulnerado su derecho al honor.

Para analizar esta queja, debemos primero recordar que este derecho, que ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas por afrentosas (por todas STC 180/1999, de 11 de octubre, FJ 3, reiterada en las SSTC 297/2000, de 11 de diciembre, y 49/2001, de 26 de febrero), puede verse condicionado por las libertades de expresión e información [art. 20.1, apartados a) y d) CE].

A este respecto, debe también recordarse que "este Tribunal ha elaborado un cuerpo consolidado de doctrina en relación a los derechos regulados en el art. 20.1 CE (respecto de la que cabe citar desde la contenida en la STC 104/1986, de 17 de julio, hasta la recogida en la STC 49/2001, de 26 de febrero, FJ 6) distinguiendo entre los que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor), y, por otra parte, el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su naturaleza abstracta, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término 'información', en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo 'veraz' (STC 4/1996, de 19 de febrero, FJ 3)" (STC 144/1998, de 30 de julio, FJ 2).

3. A la vista de esta doctrina, nuestra primera tarea consiste en determinar si las manifestaciones efectuadas por la Teniente de Alcalde en aquel momento se inscriben en la libertad de expresión o de información, o en ambas, porque los criterios para resolver el conflicto "entre los derechos y libertades en colisión varía notablemente según se trate de la libertad de expresión o de información, por un lado, o de la protección del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, por otro (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2; 197/1991, de 15 de noviembre, FJ 2; 20/1992, de 17 de marzo, FJ 3; 223/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 46/2002, de 25 de febrero, FJ 4)" (STC 148/2002, de 15 de julio, FJ 4).

En efecto, "este Tribunal ha venido diferenciando desde la STC 104/1986 entre la diversa amplitud de ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 20.1 CE según se trate de libertad de expresión (en el sentido de la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones) y libertad de información (en cuanto a la narración de hechos). Con relación a la primera, al tratarse de la formulación de 'pensamientos, ideas y opiniones' [art. 20.1 a) CE], sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, hemos dicho que dispone de un campo de acción muy amplio, que viene delimitado sólo por la ausencia de expresiones intrínsecamente vejatorias (SSTC 107/1988, de 8 de junio, 105/1990, de 6 de junio, 171/1990 y 172/1990, ambas de 12 de noviembre, 85/1992, de 8 de junio, 134/1999, de 15 de julio, 192/1999, de 25 de octubre, y ATC 271/1995, de 4 de octubre) que resulten impertinentes e innecesarias para su exposición .... Por el contrario, cuando se suministra mera información sobre hechos, la protección constitucional se extiende únicamente a la información veraz [art. 20.1 d) CE]. Requisito de veracidad que no puede, obviamente, exigirse de juicios o evaluaciones personales y subjetivas, sin perjuicio de que, como acaba de decirse, de venir aquella información acompañada de juicios de valor u opiniones, como sucede en el caso de autos, estas últimas deban someterse, además de a las exigencias de veracidad, al canon propio de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], esto es, a la comprobación de si, en el contexto en que se emplean, poseen o no carácter deshonroso o vejatorio" (STC 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 6).

Pues bien, es claro que los calificativos "cacique" y "cínico" constituyen juicios de valor y, por esto mismo, se inscriben en la libertad de expresión (STC 61/1998, de 17 de marzo, FJ 5) de la, entonces, Teniente de Alcalde de Escalante.
Mayores dudas pueden plantearse respecto del apelativo "ladrón" y de la petición de que devolviere al Ayuntamiento "todo lo que había robado", en la medida en que encierran un juicio de valor ("ladrón") pero relacionado con un contexto concreto, aunque indeterminado, cual es la corporación local. En otras ocasiones hemos puesto de manifiesto la dificultad que existe en deslindar pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa, de otro, puesto que la expresión de la propia opinión necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o noticias comprende casi siempre algún elemento valorativo, una vocación a la formación de una opinión (SSTC 6/1988, de 21 de enero, 107/1988, de 8 de junio, 143/1991, de 1 de julio, 190/1992, de 16 de noviembre, 336/1993, de 15 de noviembre, y 4/1996, de 16 de enero).

En el presente caso se realizaron estas controvertidas manifestaciones en un Pleno municipal, entre dos concejales y acompañadas de otros juicios de valor ("cacique", "cínico"). De hecho la misma suerte habría corrido el apelativo "ladrón" si no se hubiera incardinado con el alegato de que el recurrente devolviera lo robado. Es este último dato el que permite inferir un hecho, cual es que se ha robado al Ayuntamiento. Sin embargo, esta afirmación está desprovista de una mínima concreción y se diluye en los restantes juicios de valor expuestos por doña N.P.S.. Esta falta de concreción del hecho relatado es lo que nos lleva a entender que dicha manifestación se realizó, como las anteriores, al amparo de la libertad de expresión, ya que no estamos ante la pretensión de difundir "hechos que puedan considerarse noticiables"(STC 19/1996, de 12 de junio, FJ 1).

4. Debemos, en consecuencia, evaluar si las declaraciones vertidas en el Pleno municipal por la, entonces, Teniente de Alcalde, realizadas al amparo de la libertad de expresión, han desconocido o no el derecho al honor.

Nuestro examen debe comenzar recordando, una vez más, que la libertad de expresión (al igual que la de información) presenta una dimensión especial en nuestro Ordenamiento "en razón de su doble carácter de libertad individual y de garantía de la posibilidad de existencia de la opinión pública, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático (SSTC 104/1986, de 17 de julio, y 78/1995, de 22 de mayo, entre otras muchas)" (76/2002, de 8 de abril, FJ 3).
Desde esta perspectiva es oportuno señalar que las polémicas manifestaciones de las que nos estamos ocupando se realizan entre dos políticos y en un Pleno municipal. Aunque fuera cierto que las personas dedicadas a la política en pequeños municipios ocupan una posición distinta a los políticos profesionales, como opina el recurrente en amparo, lo cierto es que "quienes tienen atribuido el ejercicio de funciones públicas son personajes públicos en el sentido de que su conducta, su imagen y sus opiniones pueden estar sometidas al escrutinio de los ciudadanos, los cuales tienen un interés legítimo, garantizado por el derecho a recibir información del art. 20.1 d) CE, a saber cómo se ejerce aquel poder en su nombre. En esos casos, y en tanto lo divulgado o criticado se refiera directamente al ejercicio de las funciones públicas, no puede el individuo oponer sin más los derechos del art. 18.1 CE" (STC 148/2001, de 27 de junio, FJ 6). Esta afirmación cobra especial vigencia en el marco del debate político, que se exterioriza, en el ámbito municipal, en los plenos de la corporación.

Es así cierto que "las personas que ostentan un cargo de autoridad pública, o las que poseen relieve político, ciertamente se hallan sometidas a la crítica en un Estado democrático. Pero como ha declarado este Tribunal, ello no significa en modo alguno que, en atención a su carácter público, dichas personas queden privadas de ser titulares del derecho al honor que el art. 18.1 CE garantiza (SSTC 190/1992, FJ 5, y 105/1990, FJ 8)" [STC 336/1993, de 15 de noviembre, FJ 5 a)]. También en este ámbito es preciso respetar la reputación ajena (art. 10.2 CEDH, SSTEDH caso Lingens, de 8 de julio de 1986, §§ 41, 43 y 45, y caso Bladet Tromso y Stensaas, de 20 de mayo de 1999, §§ 66, 72 y 73) y el honor, porque estos derechos "constituyen un límite del derecho a expresarse libremente y de la libertad de informar" (SSTC 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7, 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5, y 76/2002, de 8 de abril, FJ 2).

En efecto, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, hemos establecido que, si bien "el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1 a) CE] dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su exposición (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, y 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6), no es menos cierto que también hemos mantenido inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo alguno (ni en ese ni en ningún otro precepto) un pretendido derecho al insulto. La Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 200/1998, de 14 de octubre; 180/1999, de 11 de octubre; 192/1999, de 25 de octubre; 6/2000, de 17 de enero; 110/2000, de 5 de mayo; y 49/2001, de 26 de febrero)" (STC 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4).

La aplicación de esta doctrina a la presente demanda de amparo conduce a su estimación. Las controvertidas manifestaciones realizadas en el Pleno municipal por parte de la, entonces, Teniente de Alcalde constituyen, indudablemente, un ataque a la reputación del recurrente de amparo. Ni siquiera la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santander que absuelve a doña N.P.S. discute que "las expresiones reflejadas en los hechos probados son objetivamente injuriosas" y "que por su significado ha de presumirse la intención también injuriosa de su autora, intención que no se desvanece por la concurrencia de un animus retorquendi" (fundamento de Derecho 1).

Aunque quizás este dato bastaría para entender que se ha vulnerado el derecho al honor del recurrente, es oportuno hacer notar que la lesión es, si cabe, más flagrante, desde el momento en que las manifestaciones vertidas en el Pleno municipal no tenían otro objeto que atacar al recurrente en amparo y constituyen, por esto mismo, un ejercicio desmesurado y exorbitante de la libertad de expresión (vid. STC 11/2000, de 17 de enero, FJ 7). Como razona acertadamente el Ministerio Fiscal, si el Tribunal Constitucional amparara dichas declaraciones en la libertad de expresión, deformando lo señalado en su día en la STC 20/1990, de 15 de febrero, estaría constriñendo indebidamente, además del honor, la actividad política y el legítimo derecho de crítica del concejal recurrente en amparo sobre la actuación de los miembros del gobierno municipal.
(...)

FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por don Á.R.G. y, en consecuencia, reconocer que se le ha vulnerado su derecho al honor.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a nueve de diciembre de dos mil dos.

Hermanita Wrote:Sobre las críticas que he leído en varios posts de este hilo a lo del teléfono móvil y el uso por la jueza de la expresión "aunque no haya sido probado en el juicio y no se recoja en la sentencia", tengo que manifestar mi total desacuerdo. La jueza razona perfectamente acerca de qué significa la no exigencia de la veracidad aplicando un criterio "ex post": hubo un esfuerzo informativo serio cuando se escribieron los dos artículos sobre los que versa la demanda (en lo que al teléfono se refiere), pues los demandados han demostrado que había peritos que decían que el teléfono perdía la hora al quitarle la batería y cuando esos artículos se publicaron (5 de marzo y 16 de julio de 2007) no se había dictado la sentencia del 11M, de forma que no se puede juzgar su veracidad aplicando un criterio "ex post" consistente en decir que en tales artículos se afirmaba una falsedad porque en la sentencia posterior a los artículos no se recogía este asunto como hecho probado (ni se mencionaba, vamos).

presupuesto fáctico Wrote:Que los demandados sostienen que es imposible que el teléfono móvil TRIUM 110 hallado en la mochila de Vallecas guardase en su memoria la fecha y la hora para la que estaba programado en cuanto que este modelo borra los datos almacenados al ser retirada la batería, como aquí hubo de hacerse para extraer la tarjeta SIM, pues en tal caso se pierden la hora y la fecha por lo que , razonan, cuando los Tedax vuelven a encender el terminal con una nueva tarjeta SIM, el teléfono en cuestión no podía mostrar en ningún caso la “hora real” pues la ha perdido al igual que la fecha establecida con anterioridad, y de haberse encendido el teléfono con la tarjeta original se hubiera perdido la señal de activación de la Bts Morata de Tajuña, lo que no ocurrió, conclusiones todas ellas que refrendan con el libro técnico del teléfono y con el dictamen pericial de D. Miguel Ángel González Aragón debidamente aportado y ratificado en estas actuaciones.

Isocrates Wrote:No Quetza, refrendar los demandados sus propias conclusiones no es lo mismo que haber demostrado al Juez que lo que dicen sea cierto. La Sentencia no dice en ningún momento que se haya demostrado nada sobre el teléfono, siempre se habla de lo que "sostienen los demandados" y de la forma en la que ellos refrendan sus propias conclusiones, no del auténtico funcionamiento del teléfono.

Quote:Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la vista oral y se ve en algunos documentos aportados al sumario, la columna vertebral que sostiene la versión oficial está llena de zonas oscuras, vaguedades y no pocas contradicciones. Empecemos por el principio. Tras desactivar los agentes de los Tedax la bomba encontrada en la Comisaría de Puente de Vallecas (luego se supo que estaba desconectado un cable que unía el teléfono al detonador que había en su interior), el comisario jefe de dicha Unidad, Juan Jesús Sánchez Manzano, consiguió hacerse con la custodia del móvil.

Según el informe que remitió el citado comisario al juez Juan del Olmo, el teléfono marcaba una hora que «coincidía con la real» y el despertador-vibrador estaba programado para las 7.40 horas.

Como sabemos, cuando el tedax Pedro extrajo el móvil de la mochila, éste estaba apagado.

El teléfono Trium T-110 tiene una peculiaridad. Cuando se saca la pila de su interior, hay que volver a programarlo. Es decir, hay que volver a introducir el día y la hora de nuevo, ya que dichos datos se pierden.

Como se ha podido comprobar por fotografías distribuidas por la propia Policía (la conocida imagen que difundió la cadena norteamericana ABC), el teléfono se desmontó totalmente. Cosa lógica, ya que, de no haberse hecho así, habría sido imposible saber el número de IMEI de dicho teléfono y habría sido imposible extraer la tarjeta que fue la pista determinante para la investigación posterior.

Según el testimonio de uno de los agentes de los Tedax que estuvo presente esa madrugada en las dependencias de la Comisaría General de Información cuando se desmontó el móvil hallado en la mochila, un jefe de grupo de dicha Unidad introdujo su propia tarjeta para volverlo a programar.

Por tanto, resulta inverosímil la afirmación de Manzano, según la cual el teléfono de la mochila marcaba una hora que «coincidía con la real» y su alarma estaba programada a las 7.40.

Uno de los abogados de las defensas preguntó a uno de los peritos de los Tedax que declaró durante la vista oral si en el teléfono «permanecían los ajustes» tras extraerse la batería. Ésta fue su respuesta: «Depende del tiempo que permanezca la batería fuera del teléfono. Si el tiempo es largo, efectivamente desaparece».

El perito no aclaró un dato fundamental: la hora marcada para el despertador desaparece si la batería no se vuelve a introducir en el teléfono en un tiempo breve, pero el día y la hora hay que volverlos a introducir siempre que se saca la batería, independientemente del tiempo que ésta permanezca fuera del móvil..

Quote:En segundo lugar, que no era necesario dejar la tarjeta telefónica dentro del teléfono para que la alarma sonara. Sí que es necesario usar una tarjeta telefónica para programar la alarma, pero, una vez programada, esa tarjeta puede extraerse sin ningún problema. En consecuencia, ¿por qué los supuestos terroristas dejaron en el teléfono esa tarjeta que tan providencialmente permitió detener a Jamal Zougham en plena jornada de reflexión?

Hemos repetido las pruebas de funcionamiento de la alarma con cinco teléfonos Trium T-110, para verificar estos extremos. En todos los casos, la prueba realizada fue la siguiente:

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1. Introducimos la tarjeta telefónica en el teléfono.
2. Colocamos la batería
3. Encendemos el teléfono, introducimos el PIN de la tarjeta y programamos la hora actual.
4. Programamos la hora de la alarma para 2 minutos después (pueden usarse otros valores).
5. Apagamos el teléfono.
6. Quitamos la batería.
7. Extraemos la tarjeta telefónica.
8. Volvemos a poner la batería inmediatamente y dejamos apagado el teléfono.

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En todos los casos, el teléfono conservó la hora programada (sólo pierde la hora si se deja la batería sin poner durante un periodo de tiempo prolongado) y la alarma funcionó perfectamente en el momento indicado.

Quote:“El comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano “mintió” en el juicio cuando dijo que el móvil del artefacto de Vallecas tenía la hora real y la activación del despertador-vibrador estaba programada para las 7,40. No lo podía saber porque ese modelo de teléfono, al quitarle la pila, se desprograma. Al estar apagado, para activarlo uno de los Tedax introdujo la tarjeta de su móvil y para eso tuvo que quitar la pila.

Quote:Por tanto, resulta inverosímil la afirmación de Manzano, según la cual el teléfono de la mochila marcaba una hora que «coincidía con la real» y su alarma estaba programada a las 7.40.

Hermanita Wrote:La jueza razona perfectamente acerca de qué significa la no exigencia de la veracidad aplicando un criterio "ex post": hubo un esfuerzo informativo serio cuando se escribieron los dos artículos sobre los que versa la demanda (en lo que al teléfono se refiere), pues los demandados han demostrado que había peritos que decían que el teléfono perdía la hora al quitarle la batería

Hermanita Wrote:Nadie, ni en un tribunal ni en ninguna otra parte, sabe lo que de verdad creen los demás, porque en nuestros cerebros nadie puede entrar (todavía y por suerte), y menos años después de que ocurrieran las cosas. El dolo, la negligencia, la veracidad, el deseo de hacer daño o la intención homicida siempre son indiciarios

Quote:Yo no conozco a Gómez Bermúdez, no le he visto en mi vida […]. Pero reconozco que probablemente sea uno de los pocos, de los ¡poquísimos! españoles que, como es su obligación, se conoce el sumario del 11-M mejor que yo (PJ, COPE, 15.3.07, Tertulia, 3:18)

Quetza Wrote:Una duda:

La sentencia recoge como Documento 47, aportado supongo que por la parte demandante, una cita entrecomillada de un artículo publicado por Casimiro el 16 de julio de 2007:

Quote:“El comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano “mintió” en el juicio cuando dijo que el móvil del artefacto de Vallecas tenía la hora real y la activación del despertador-vibrador estaba programada para las 7,40. No lo podía saber porque ese modelo de teléfono, al quitarle la pila, se desprograma. Al estar apagado, para activarlo uno de los Tedax introdujo la tarjeta de su móvil y para eso tuvo que quitar la pila.

Repasando el artículo publicado por Casimiro ese día no encuentro ese “Juan Jesús Sánchez Manzano “mintió”, y sí la otra expresión ya citada:

Quote:Por tanto, resulta inverosímil la afirmación de Manzano, según la cual el teléfono de la mochila marcaba una hora que «coincidía con la real» y su alarma estaba programada a las 7.40.

¿Sabéis si se refiere a artículos distintos, o es una cita errónea de la demanda o de la sentencia?. En epesimo viene igual, con lo de inverosímil.

Quote:2. PUBLICADO EL 16 DE JULIO DE 2007. Firmado por Casimiro García-Abadillo, dice: 'El comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, mintió en el juicio cuando dijo que el móvil del artefacto de Vallecas tenía la hora real y la activación del despertador-vibrador estaba programada para las 7.40. No lo podía saber, porque ese modelo de teléfono, al quitarle la pila, se desprograma. Al estar apagado, para activarlo uno de los Tedax introdujo la tarjeta de su móvil, y para eso tuvo que quitar la pila'»

Quote:En un artículo, publicado el 16 de julio de 2007, Doc 47, García-Abadillo utilizó expresiones similares a: El comisario jefe de los Tedax, Juan Jesus Sánchez Manzano “mintió” en el juicio cuando dijo que el móvil del artefacto de Vallecas tenía la hora real...