larean Wrote:Yo estoy con Moreno. Sin querer abrir un debate sobre el caso Garzón, que dichosamente hemos eludido para no politizar Desiertos, a mí me queda muy claro que si lo que Garzón hizo es prevaricación, lo de Cillán es prevaricación y media.

Quote:Dos de los tres magistrados que exoneran a Manzano absolvieron al doctor Montes
12 FEB 2012 | S. S. G. y J. S.
El CGPJ llegó a abrir diligencias contra Ramiro Ventura por firmar un manifiesto proeutanasia. Manos Limpias espera que la Audiencia de Madrid concrete su querella.

El Tribunal de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid que ha dado carpetazo por unanimidad a la querella por posible destrucción de pruebas del 11-M presentada contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y su perito químico 17.632, tiene un historial de corte progresista. En concreto, el de los magistrados Ramiro Ventura y Rosa Brobia. Contra Ventura, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a abrir en 2008 diligencias informativas –en el seno de la Comisión Disciplinaria– sobre su actuación en el caso de las sedaciones terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid).

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias presentó entonces una queja para que el CGPJ abriera un expediente disciplinario a Ventura. Y lo hizo en base a que este magistrado firmó en 1991 un “Manifiesto en favor de la disponibilidad de la propia vida”, declaración en favor de la eutanasia, que fue suscrito por 70 miembros de la asociación Jueces para la Democracia.

En aquel manuscrito los jueces proclamaron que “la vida es un derecho, no un deber”, e indicaron que la regulación jurídica de las conductas relacionadas con el suicidio debe adoptar un enfoque que “afirme el reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida y el derecho a morir”. Desde Manos Limpias entendían que Ventura podría haber actuado con antecedentes de parcialidad en la resolución judicial del caso de las sedaciones. Este juez, junto a Manuela Carmena y Rosa Brobia –magistrada que también ha acordado el sobreseimiento libre de la causa contra Sánchez Manzano–, integró el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que no actuó contra los facultativos del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, con su coordinador Luis Montes a la cabeza, sobre presuntas malas prácticas en la comisión de sedaciones terminales.

El abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, declaró ayer que “es curioso que por el azar los asuntos más mediáticos, delicados y espinosos hayan caído siempre en la sección 17”. “Es una sección bastante peculiar”, apuntó. Según explicó Martín Vázquez, Sánchez Manzano estaba imputado desde julio de 2009 por tres delitos. “Si nos ceñimos al último auto, no consta el delito de falso testimonio –que no se contemplaba en la denuncia de Alternativa Española de 2009–. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid sí hace referencia a los otros dos, precisa el abogado, “al de omisión de perseguir los delitos y al de encubrimiento de un hecho de terrorismo”. Esto puede ser una rendija para plantear ahora el recurso, insistió.

Por su parte, José Luis Abascal, abogado del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, recalca que la investigación no está paralizada en relación a su querella, que abarca aspectos más amplios que la de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Así, señala que habrá que esperar unos seis meses a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie al respecto, afinando en la fundamentación jurídica.

belga197, el día 12 de Febrero de 2012 a las 17:32, en el blog de Luispi Wrote:A pesar de todo me gustaría plantear una cuestión para que los "expertos jurídicos" de toda condición y pelaje me den una respuesta.

¿Cómo se puede mantener que existe coincidencia entre los hechos denunciados en la dos querellas si en la primera no se describen los hechos y ni siquiera lo llega a hacer el juez del juzgado nº 6 en su auto de sobreseimiento?

En la querella de AES, ni el auto desestimándola se menciona la posible ocultación y/o manipulación de restos recogidos en los focos de explosión, incumplimiento de protocolos, falso testimonio, etc que sí aparece en la querella de AAV11M.

Un observador objetivo debería de darse cuenta de los siguientes hechos:

- La querella de AES sólo se refiere a los resultados contradictorios de la pericial de 2007 respecto de los hechos probados de la sentencia del 11-M.

- El auto del juzgado nº 6 dice que los hechos relatados no son constitutivos de delito, pero ni describe y/o enumera esos hechos, ni realiza argumentación alguna. En mi opinión ese auto no es válido por estar insuficientemente motivado, pero lo que nos interes es que hay que deducir que esos "hechos" son los descritos en la denuncia de AES, es decir, los resultados de la pericial.

LA Sala menciona un recurso de apelación de AES en el que supuestamente concretarían alguno de esos "hechos", pero de ese recurso no veo que nadie tenga noticia, ni se da información sobre su contenido, ni sobre su resolución. ¿Se lo están inventando? En cualquier caso no serían los mismos que los que se denunciaban en la querella inicial, lo que no sé si puede tener alguna validez.

Resumiendo, tampoco en el auto de la Sala 17 se establece cuáles son los hechos comunes a las dos querellas. Más que nada porque no pueden.

belga sic transi Wrote:La querella de AES sólo se refiere a los resultados contradictorios de la pericial de 2007 respecto de los hechos probados de la sentencia del 11-M.

denuncia Aes Wrote:Es de dominio público que en la investigación y periciales practicadas intervinieron de forma decisiva:

Quote:Corifeo contra la juez Coro

No logro entender por qué incomoda tanto a ‘El País’ que una juez quiera cerrar los flecos del 11-M. 12 FEB 2012

El corifeo dirigía el coro en las tragedias griegas, pero el diccionario mantiene también que puede llamarse así a quien lidera una secta o tendencia. ¿Y puede asimismo actuar como corifeo un grupo mediático? Que se lo pregunten a la magistrada Coro Cillán, la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, a quien un medio de comunicación acosa, insulta, persigue y se entromete en su vida privada sin ningún pudor. Todo porque las investigaciones de la juez sobre el 11-M no cuadran con sus intereses y los de su secta. Les podrán gustar más o menos las pesquisas de la magistrada, pero de ahí a emprender una furibunda campaña contra ella para lograr su muerte civil, vía desprestigio o vía inspección del CGPJ, hay un abismo y supone un atentado contra la independencia de los jueces.
Y uno lo que reclama no es censura para las páginas de opinión de los diarios, sino veracidad y rigor para las de información. Porque si ese medio para lograr sus objetivos pretende ir más allá de los límites del periodismo, que contrate a un abogado, se persone en la causa y se someta al procedimiento procesal. Si no está de acuerdo con los autos y providencias de la magistrado, que recurra a la Audiencia Provincial, como hacen los letrados de los encausados. Sin ir más lejos, hace unos días, la letrada María Ponte ha ganado un recurso a favor de su cliente, el ex jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, y no pasa nada. Lo que no logro entender es por qué incomoda tanto a El País que una juez, soberanamente, quiera cerrar algunos de los flecos del 11-M. ¡Qué daño hace al sistema democrático! Si lo que se persigue es que no se destruyan pruebas y que no se pasen páginas en blanco, qué tiene de malo que una magistrada, desde su celo profesional e independencia judicial, luche para que se esclarezca la verdad. Por qué esa obsesión por destruir su imagen personal y criminalizar sus decisiones judiciales. Dejemos a Cillán que haga libremente su trabajo y que decidan las instancias superiores o los tribunales en su momento. Lo contrario se define como campaña de acoso y derribo. Y no es la primera vez.
Tenemos los antecedentes de Garzón, Moreiras o Gómez de Liaño. Garzón, a quien ahora elevan a los altares, fue perseguido implacablemente cuando se atrevió a investigar a los GAL o la biutiful de la operación Nécora porque perjudicaba los intereses de la secta felipista. A Gómez de Liaño lo masacraron desde sus páginas hasta que lograron su inmolación y expulsión de la carrera judicial a raíz del caso Sogecable, pero también por la instrucción del caso Lasa y Zabala. Y a Moreiras también consiguieron que lo echaran de la Audiencia por atreverse a investigar a Antonio Navalón por el caso Argentia Trust. El bróker Navalón era uno de los intocables del clan y no podían permitir que cayera en desgracia. Después, el ex periodista radiofónico logró que Garzón se aproximara al redil.
Ahora le toca el turno a Cillán y me resisto a pensar que sea sólo por el 11-M. La diferencia estriba en que en las tragedias griegas el corifeo se limitaba a dirigir el coro por el bien de la función y aquí se pretende alcanzar la muerte civil y profesional de Cillán.

Hermanita Wrote:En fin, amigos: nos hacemos mayores. La decadencia es imparable. Ni los peones son ya lo que eran. Véase este pobre muchacho, Belga. Qué pena, Señor, qué pena. Sic transit y todas esas cosas.

Quote:Los tres magistrados perpetradores del ominoso auto han cometido, entre otros, los delitos de prevaricación, de falsedad en documento público –faltando a la verdad en la narración de los hechos- y de encubrimiento de los delitos de Manzano, con el fin último de encubrir a los autores reales de los atentados del 11 M.

Quote:No hay que olvidar que la denuncia se presentó junto con el libro “Titadyn”, y que según dice el Juez de Instrucción en su auto, éste leyó el libro para conocer todos los hechos que se estaban denunciando. También hay que destacar que el mencionado libro contiene, no solo análisis químicos sino sus conclusiones, y las conclusiones y comentarios del Sr. García Abadillo en el prólogo.

[…]

Como se puede apreciar la narración de hechos contenida en la denuncia de la que conoció el Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid, en el libro que la soportaba y en las matizaciones contenidas en el escrito de recurso de apelación, pone de relieve la ocultación de pruebas o vestigios, la ocultación de resultados, y el faltar a la verdad en las pericias o en las testifícales de aquellos profesionales, peritos y funcionarios encargados de realizar las mismas y en sus responsables. Hechos todos ellos encuadrables tanto en el propio art. 458 y siguientes (único precepto que cita la denuncia), como en los artículos 408 del CP -de omisión del deber de perseguir los delitos, o en el art. 451. 3º a) del CP. -delito de encubrimiento de un hecho de terrorismo-.

De pablo en EM de hoy Wrote:JOSÉ MARÍA DE PABLO HERMIDA

Penúltima traba a la investigación del 11-M

La semana pasada conocíamos el auto por el que la sección decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid acordaba el sobreseimiento de la causa seguida contra el comisario Jesús Sánchez Manzano, ex jefe de los Tedax, por la desaparición de diversas piezas de convicción durante la investigación de los atentados del 11-M.

La resolución no entra a valorar los hechos denunciados, y en ningún momento niega la ya archidemostrada ocultación dolosa de pruebas cuyo esclarecimiento vienen demandando las asociaciones de víctimas, y en concreto, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Por el contrario, la Audiencia Provincial se detiene únicamente en cuestiones formales y técnicas, para aplicar el principio de cosa juzgada en base a una resolución del Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid, que hace años archivó una denuncia inconcreta y poco seria de un partido marginal sobre unos hechos demasiado generales como para fundamentar un procedimiento penal.

La figura de cosa juzgada que aplica este auto, consecuencia del principio non bis in ídem, prohíbe juzgar a una misma persona dos veces por los mismos hechos, y puede ser apreciada, según tiene establecido el Tribunal Supremo, cuando concurren dos requisitos: identidad del hecho denunciado, e identidad de la persona inculpada. Por tanto, para calibrar si la Audiencia de Madrid acierta o no al apreciar la cosa juzgada en este caso, tendremos que comprobar si las personas inculpadas y los hechos denunciados son los mismos en ambos procedimientos.

El procedimiento que archivó en su día el juzgado nº 6 nacía de una denuncia -en mi opinión poco seria- de cinco folios, a la que se adjuntaba el libro Titadyn, y en la que se denunciaba, sin criterio alguno, a la práctica totalidad de los policías y guardias civiles que intervinieron de algún modo en la investigación de los atentados del 11-M. Los hechos denunciados eran un refrito de las conclusiones de aquel libro y de todas las irregularidades producidas en la prueba pericial de explosivos practicada durante el juicio del 11-M (aparición de metenamina en la Renault Kangoo, presencia de DNT en todos los focos, etc). También se mencionaba, de pasada, la posible ocultación y/o manipulación de pruebas, pero sin especificar qué pruebas concretas se podían haber ocultado ni por quién. Se puede decir que aquel denunciante pretendía abrir una causa general contra todos los funcionarios policiales que intervinieron en la investigación de los atentados. Como es lógico, el titular del juzgado nº 6, ante una denuncia tan general, abstracta e inconcreta, no tenía otro remedio que archivar, ya que para tramitar una denuncia son necesarias más que suposiciones: hacen falta datos precisos y hechos concretos, que además cuenten con un principio de prueba, algo de lo que carecía aquella denuncia.

En cuanto a la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ahora pretende archivar la Audiencia, se dirigía exclusivamente contra dos funcionarios muy concretos (el comisario Sánchez Manzano y la perito química con carnet número 17.632), por unos hechos también muy concretos: la desaparición de las piezas de convicción recogidas por funcionarios Tedax en el escenario del crimen. En aquella querella incluíamos una relación de los vestigios que los propios Tedax reconocieron haber recogido, guardado y documentado, después los comparábamos con los que se habían entregado a la Audiencia Nacional, y llegábamos a una conclusión evidente y testaruda: alguien había hecho desaparecer por el camino las pruebas más importantes recogidas en los focos de explosión (piezas de convicción cuya ocultación es un delito), y el responsable de su custodia, Sánchez Manzano, debía dar razón de ello.

¿Hay identidad de objeto entre ambos procedimientos? Entiendo que no. La denuncia que archivó el juzgado nº 6 no hace ni una sola referencia a la recogida de vestigios en los andenes de las estaciones ni a su posterior desaparición. Ni siquiera menciona la existencia de esos restos. Es cierto que, en su afán de disparar contra todo, denuncia una inconcreta «ocultación de pruebas», pero ni siquiera especifica a qué pruebas se refiere, dónde estaban, quién las había ocultado...

Entender que la denuncia archivada por el juzgado nº 6 es fuente de cosa juzgada crearía un precedente muy peligroso. Por ejemplo, imagine que usted es un constructor que ha sobornado a un concejal para que le recalifique un terreno, y ahora teme que alguien lo descubra y pueda acabar en la cárcel. Pues bien, según la Audiencia Provincial usted lo tendría muy fácil. Bastaría con convencer a alguien para que interponga una denuncia, lo suficientemente general e inconcreta como para ser archivada de plano, en la que se denuncie a todos los constructores de España por haber sobornado a todos los concejales del país. El juez, a falta de datos concretos, archivará esa denuncia. Y si, en el futuro, alguien le denuncia por aquel soborno en concreto, siempre se podrá amparar en la cosa juzgada alegando que un juez archivó una denuncia contra todos los constructores del país -entre los que usted se incluye- por haber sobornado a concejales. La Audiencia Provincial, siguiendo el criterio del auto de la semana pasada, archivará el procedimiento y dejará impune su delito.

Por eso, pienso que el archivo de una denuncia general, dirigida contra medio Cuerpo Nacional de Policía, por cualquier irregularidad ocurrida en el 11-M, sin mayor concreción, no puede crear cosa juzgada hasta el punto de impedir, desde ese momento, la investigación de una concreta irregularidad cometida por un determinado funcionario que no fue objeto de la inicial denuncia general.

Es ése, quizás, el motivo por el que el Tribunal Supremo viene negando hasta ahora valor de cosa juzgada a los autos de archivo dictados por los jueces de instrucción (véase, por ejemplo, la sentencia número 663/2005 de 23 de mayo). La Audiencia de Madrid, para sortear esta doctrina, se ampara en una de las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sustituye la expresión «archivar» del antiguo artículo 789 por la palabra «sobreseimiento» del nuevo artículo 779, y mantiene que, desde aquella reforma, el auto de archivo es capaz de crear cosa juzgada. Pero el Supremo aún no se ha pronunciado sobre este aspecto: tendrá que hacerlo tras el recurso de casación que ya estamos preparando.

ALO DICHO hay que añadir que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid olvida que en nuestra querella también se incluía una afirmación concreta de Sánchez Manzano en pleno juicio del 11-M que calificábamos de falso testimonio, y que tampoco se menciona en la denuncia del juzgado nº 6.

En cualquier caso, la resolución de la Audiencia no da carpetazo a esta investigación. Acudiremos al Tribunal Supremo en casación. Y, si es rechazada, haremos uso de la posibilidad que la propia Audiencia sugiere en su auto: acudir al juzgado nº 6 para que asuma la competencia sobre estos hechos, de modo que, ahora que ya existe una denuncia concreta y precisa, los investigue. Para las víctimas, esta batalla jurídica no ha terminado.

Quede, no obstante, una enseñanza. El derecho penal es algo muy serio, y hacer las cosas mal puede dar al traste con una investigación. De la misma manera que el juez Baltasar Garzón puso en peligro el éxito del caso Gürtel al utilizar medios ilegales para investigarlo, así la irreflexiva denuncia de cierto partido marginal ante el juzgado nº 6, o las temerarias diligencias solicitadas por ciertas advenedizas acusaciones en la causa que investigaba la juez Coro Cillán, han entorpecido ahora esta investigación.

José María de Pablo Hermida es abogado penalista del bufete Mas y Calvet; autor del blog in dubio pro reo (www.josemariadepablo.blogspot.com) y abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Quote:..la irreflexiva denuncia de cierto partido marginal ante el juzgado nº 6, o las temerarias diligencias solicitadas por ciertas advenedizas acusaciones en la causa que investigaba la juez Coro Cillán, han entorpecido ahora esta investigación.

Rasmo Wrote:Distorsiona la realidad cuando menciona que la denuncia no aludía a personas concretas. Pero, sobre todo, me hace gracia que ahora mencione (algo que ya hacía también un editorial de El Mundo) las exóticas diligencias pedidas (y concedidas) en la instrucción de Coro Cillán como si fueran una especie de saboteo:

Quote:..la irreflexiva denuncia de cierto partido marginal ante el juzgado nº 6, o las temerarias diligencias solicitadas por ciertas advenedizas acusaciones en la causa que investigaba la juez Coro Cillán, han entorpecido ahora esta investigación.

La verdad es que yo no le vi protestar contra esas diligencias. Cuando declaraba Baladía, que nada tenía que ver con el proceso, o cuando se hablaba de las tarjetas de los móviles, que nada tenían que ver con el proceso, o cuando se hablaba del desguace de los trenes, que nada tenía que ver con el proceso, o... Que no se puede tener tanto morro, vamos.

De Pablo Wrote:En cualquier caso, la resolución de la Audiencia no da carpetazo a esta investigación. Acudiremos al Tribunal Supremo en casación. Y, si es rechazada, haremos uso de la posibilidad que la propia Audiencia sugiere en su auto: acudir al juzgado nº 6 para que asuma la competencia sobre estos hechos, de modo que, ahora que ya existe una denuncia concreta y precisa, los investigue.

Quote:DÉCIMO.- La decisión que adopta este Tribunal al apreciar la cosa juzgada no
impide que las partes personadas en éste procedimiento, que no intervinieron en el
procedimiento del Juzgado de Instrucción nº 6, puedan solicitar se les notifique el
auto de sobreseimiento libre de 19 de junio de 2009 dictado por dicho Juzgado de
Instrucción nº 6 de Madrid, al amparo del art. 270 de la LOPJ que establece que:
“Las resoluciones dictadas por jueces y tribunales, así como las que lo sean por
secretarios judiciales en el ejercicio de las funciones que le son propias, se
notificarán a todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente, y también a
quienes se refieran o puedan parar perjuicios cuando así se disponga
expresamente en aquellas resoluciones de conformidad con la ley”.

De Pablo Wrote:..la irreflexiva denuncia de cierto partido marginal ante el juzgado nº 6, o las temerarias diligencias solicitadas por ciertas advenedizas acusaciones en la causa que investigaba la juez Coro Cillán, han entorpecido ahora esta investigación.