Quote:Los principales procesados disponen de abogados privados que cobrarían un mínimo de 100.000 euros

N. VILLANUEVA / M. CALLEJA. MADRID.
Jamal Zougam regentaba hasta marzo de 2004 el locutorio «Jawal Telecom» en Lavapiés, el barrio madrileño donde convive un crisol de razas y culturas procedentes de todos los rincones del mundo. Nació en Tánger en 1973 y se vino a España en compañía de su madre y sus tres hermanos en 1985. Zougam comenzó a trabajar en un puesto de fruta y acabó regentando un locutorio de telefonía en la calle del Tribulete. De allí salieron las tarjetas de los teléfonos móviles que activaron las bombas aquel día infame.
Zougam está procesado por 191 asesinatos terroristas, 1.824 intentos de asesinato, cuatro delitos de estragos y pertenencia a organización terrorista. El acusado ha tenido hasta ahora tres abogados. Primero uno de pago, al que se vio obligado a renunciar por no poder pagar la minuta. Después, el Colegio de Abogados le asignó uno de oficio, pero el presunto autor material de la matanza de Madrid lo rechazó y contrató, varias semanas después, y ya casi a las puertas del juicio, a José Luis Abascal.
Todo normal, si no fuera porque los abogados particulares pueden cobrar cifras millonarias por un macrojuicio como éste, y Zougam, como el resto de los islamistas procesados, vivía en unas circunstancias económicas modestas. Al menos sus posibilidades estaban muy alejadas de afrontar un pago que diversas fuentes jurídicas sitúan en un mínimo de 100.000 euros, ya que la instrucción ha durado casi tres años y la vista se alargará hasta el verano.
Uno de los comentarios que circulan en la trastienda del juicio en la Casa de Campo se refiere a la procedencia de esa cantidad para pagar la minuta del abogado. Aunque también hay quien recuerda que si el letrado no recibe ninguna contraprestación tampoco trascendería.
A todo esto se une que Zougam, según la versión de su hermano difundida en diferentes medios, no buscó a este letrado de pago, sino que fue él quien se ofreció.
Es llamativo, además, que el abogado de este procesado, José Luis Abascal, sea el único de la defensa que trata de vincular, contra viento y marea, el 11-M con ETA, y ello a pesar de que el propio Zougam declaró el lunes pasado que no tenía ninguna relación con la banda terrorista. También es este abogado el que ha propuesto que tres etarras declaren como testigos en la vista y el mismo que aportó en su escrito de defensa la foto de un temporizador intervenido a ETA vinculándolo con el hallado en la calle Virgen del Coro.
Cobrando el paro
Abascal no sólo defiende a Jamal Zougam en este juicio del 11-M. Otro de los principales procesados, considerado por la Fiscalía también autor material de la matanza, Basel Ghalyoun, rechazó al abogado de oficio que se le asignó y contrató a José Luis Abascal para llevar a cabo su estrategia de defensa.
De origen sirio, Ghalyoun vive en España desde enero de 2001. Aquí ha trabajado en varias obras y como vigilante y contable en un aparcamiento de coches, aunque cuando se le detuvo tras los atentados del 11-M llevaba desde septiembre de 2003 cobrando el paro.
Mantenía contactos con «El Tunecino», con Fouad El Morabit Amghar y con «El Egipcio». Un pelo suyo apareció en un gorro de rezo entre los escombros del piso de Leganés y fue identificado por un testigo en el tren de la calle Téllez.
Además de una petición fiscal de más de 38.000 años de cárcel, Ghalyoun y Zougam comparten ahora abogado de pago y estrategia en el juicio del 11-M. Ésta queda claramente plasmada en los escritos de defensa de José Luis Abascal, que poco tienen que ver con la estrategia inicial de estos dos procesados y con la actual de las defensas del resto de acusados.
Ahora, Abascal intenta desmontar las acusaciones contra sus clientes cuestionando el tipo de explosivo que estalló en los trenes, entre otras pruebas. Su razonamiento es éste: si estalló titadyne, detrás de los atentados está ETA; si el explosivo empleado es Goma 2 ECO, son los islamistas, aunque duda incluso de este extremo, porque, como pone de manifiesto en sus respectivos escritos de defensa, «no hay ningún suicida en los trenes».
Además de estos dos, hay otros cuatro procesados que tienen abogados de pago: los españoles José Emilio Suárez Trashorras, Javier González Díaz y Emilio Llano y el marroquí Rachid Aglif.
El resto, es decir las otras 23 personas que están sentadas en el banquillo de los acusados, tienen su defensa en manos de los abogados de oficio. Todos ellos, menos dos, se han mantenido al lado de sus clientes desde el primer día. Ello a pesar de los numerosos obstáculos que se han encontrado durante la instrucción, al carecer de medios económicos y materiales para asistir a sus defendidos. Se da incluso el caso de algún abogado que tuvo que comunicarse a través de gestos con su cliente en la cárcel al no contar con ningún intérprete hasta cinco meses antes del juicio.
Y es que al margen de la trascendencia política y social de este juicio por el mayor atentado cometido en España, el proceso ha superado cualquier previsión en la regulación del turno de oficio, que se ha tenido que adaptar a marchas forzadas a los numerosos contratiempos denunciados por los abogados. Los datos lo dicen todo: un sumario de 90.000 folios, 59 abogados (a los 26 defensores se suman los 23 de las acusaciones), 29 personas en el banquillo (siete de ellas se enfrentan a más de 270.000 años), 650 testigos, 98 peritos y tres años de instrucción. Durante la misma llegaron a estar imputadas 116 personas, se practicaron más de 60 careos, 30 ruedas de reconocimiento, una veintena de comisiones rogatorias, 200 pruebas de ADN, 50 inspecciones oculares, 50 pruebas de documentoscopia en castellano y árabe, 25 inspecciones de vehículos, 50 pruebas de huellas y 50.000 registros telefónicos.
Uno de los principales problemas con los que se han encontrado los abogados de oficio ha sido el económico, no porque aspiraran a cobrar lo mismo que un letrado de libre designación (son conscientes de que están prestando un servicio público), sino por el trabajo que han desarrollado en este complejo sumario durante los últimos tres años y la dedicación absoluta a la que se ven abocados hasta el verano. Algunos incluso corren el riesgo de encontrarse a su vuelta, allá por septiembre, con una cartera de clientes bajo mínimos.
Hasta 20.000 euros
Los abogados de oficio del 11-M van a cobrar un máximo de 20.000 euros, una cantidad que a priori incluye un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta cantidad es excepcional, y se consiguió por un acuerdo entre el Colegio de Abogados de Madrid y el Ministerio de Justicia, aunque los abogados lo vieron insuficiente.
Los 20.000 euros contrastan con la minuta que pueden devengar los abogados de libre designación. Tampoco los criterios orientativos fijados por el Colegio de Madrid, que datan de 2001, prevén un macrojuicio de estas características, pues tal y como están regulados estos baremos, los honorarios valdrían lo mismo para un robo de un delincuente común que para la mayor matanza de la historia de España,
Ahora mismo hay 1.500 abogados en el turno de oficio penal, de los que sólo una parte de ellos prestan sus servicios en la Audiencia Nacional, pues se requiere una mayor especialización y experiencia.

ABC Wrote:Los abogados de oficio del 11-M van a cobrar un máximo de 20.000 euros, una cantidad que a priori incluye un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta cantidad es excepcional, y se consiguió por un acuerdo entre el Colegio de Abogados de Madrid y el Ministerio de Justicia, aunque los abogados lo vieron insuficiente.