Sentencia de Sánchez Manzano

[Quetza]

Estupendo artículo. Lo voy a imprimir y se lo voy a pasar a un amigo con el que he tenido algunas divergencias sobre la actitud de El Mundo en el tema del 11-M.

Sólo querría hacer una pequeña puntualización: Manzano y Parrilla sí pertenecen al mismo Cuerpo (Cuerpo Nacional de Policía) aunque estaban adscritos a distintas unidades, Unidad Tédax el primero y UCIE el segundo, y pertenecían a distintas escalas, Escala Ejecutiva (Comisarios) y Escala Superior (Inspectores) respectivamente. Este hecho por supuesto no devalúa la afirmación de que el segundo no es subordinado del primero, puesto que Parrila pertenecía a una Unidad distinta y adscrita a otra Comisaría General dentro del organigrama.

Según la web de los TEDAX* es en "diciembre de 2004, dentro de las líneas estratégicas del Ministerio del Interior", cuando " se incorporaron las Unidades Centrales y Territoriales de TEDAX-NRBQ, a la Comisaría General de Información que es el órgano del Cuerpo Nacional de Policía que tiene atribuida la lucha contra el terrorismo nacional e internacional."

Cuando El Mundo habla de que del Olmo había encargado la investigación a "otro Cuerpo", se refiere a la Guardia Civil, tratando de acentuar la atribuida intromisión irregular de Manzano (Cuerpo Nacional De Poicía) en la investigación de la trama de explosivos que llevaba el benemérito cuerpo.

*Página eb de los TEDAX que sigue incluyendo entre las funciones de esta unidad:

Intervenir y actuar ante la presencia y detección de supuestos artefactos explosivos e incendiarios y todo tipo de agentes NRBQ, así como la recogida, transporte, análisis e investigación de los mecanismos, elementos y restos de dichos artefactos y de las sustancias o agentes.

[Rasmo]

Una nueva adenda a mis mensajes sobre el presupuesto fáctico de la “falsa mochila” en la sentencia de la juez Lledó. Recuérdese el pasaje de la página 28:

El que en el artículo de D. Casimiro Garcia Abadillo de 13 de Julio de 2006 […] se dé a entender que fue el demandante [S-M] el que envió la mochila comprada […] cuando quien la remitió fue la U.C.I.E. […], no es un error sustancial y relevante en cuanto que no afecta a la esencia y veracidad de la información, no siendo esta otra que el hecho de que dos años después del atentado, y sin razón o causa conocida, la auténtica mochila aún no estaba en poder del Juzgado.

Discutí ampliamente el error de apreciación de este párrafo en varios mensajes:
- El primero, más extenso y que abordaba asimismo otras cuestiones.
- Un segundo post, donde incluía información adicional, del auto de procesamiento del juez del Olmo (abril de 2006).
- Un tercer mensaje, con más detalles.

Añado ahora otro apunte, que incide nuevamente en la corrección del depósito de la mochila de Vallecas en la Unidad de los Tedax y lo absurdo de considerar, como hace la juez Lledó, que se desconocía la causa o razón. Se trata de la respuesta del gobierno a una de las múltiples preguntas planteadas por el PP. Obsérvese que la fecha es anterior al artículo de Casimiro a que se refiere la sentencia y que el propio periódico El Mundo recoge esa información (es decir, la conocía o debía conocerla). En efecto, la noticia, firmada por Manuel Marraco, es de 31.5.2006:

Es normal que el juez no tuviera la mochila de Vallecas.Tan normal, según las respuestas de Interior, como que tampoco dispusiera en su despacho de los coches empleados para el 11-M. Así consta en una de las múltiples preguntas populares sobre uno de los elementos clave de la investigación. […] «La mochila, como el resto de componentes de los artefactos explosivos, de conformidad con la normativa que regula la especialidad, quedan en depósito en la Unidad de Desactivación de Explosivos a disposición de la autoridad judicial».

Repito. Noticia de Europa Press (reproducida por Libertad Digital): 15.3.2006; auto del juez del Olmo: abril de 2006; respuesta escrita del Gobierno, reproducida por El Mundo: 31.5.2006. Por no hablar de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la Sra. Juez Lledó debe conocer, como todo juez. Artículo discutido de Casimiro: 13 de julio de 2006.
Por supuesto, El Mundo (y la juez Lledó) pueden rebatir toda esta información anterior (cosa que ni siquiera se molestan en hacer), si les incomoda. Pero lo que no pueden hacer es ignorar que existe, esto es, dar por hecho que se desconoce la causa o razón. Y mucho menos alegando que se sigue desconociendo después de haber desarrollado la diligencia informativa adecuada.

[morenohijazo]

Corregiré el error, Quetza; efectivamente, me despistó lo de "otro cuerpo" pero se refería a la Guardia Civil; y como también los GC tienen TEDAX(creo) por un momento se me fue el cable y vi a SM con tricornio :lol:

Disculpad esos errores, os juro que los repaso, y corrijo un montón, pero algunos, entre el espesor de la cabeza y los montones de datos a revisar y buscar... Nada, nada, es "entendible" que diría Casimiro.

Sé que algunos hubiérais dado otro enfoque, pero es que todos a la vez no se pueden dar, al menos en la primera redacción, o me voy a los veinte folios (en lo de la agenda, que en la mochila o los explosivos se van a cuarenta). Lo único, poned todas las sugerencias, que en lo posible iremos incluyendo todo. Lo "bueno" que tienen los conspis es que mienten tanto, que siempre tienes ocasión de afearles su conducta

Voy a comenzar con el artículo del "comando Chispita". A ver si para mañana ya está. Los siguientes, con Rasmo aquí, poco miedo. Lo de la mochila está ya casi escrito...

[Errante]

CUARTO.- Partiendo de las anteriores consideraciones, resulta indiscutido el carácter noticiable de los hechos objeto de la información contenida en los artículos periodísticos enjuiciados por su relevancia pública, en cuanto relacionados con el mayor atentado terrorista de la historia de España, de extraordinaria gravedad, que causó una gran conmoción en la ciudadanía española y gran repercusión en los diferentes medios de comunicación.

Tampoco cabe, de otro lado, dudar del carácter público del que gozaba el demandante, a la sazón comisario jefe de la Unidad Central de Desactivaciones de Explosivos y NRBQ, esto es de los TEDAX.

Como anteriormente se ha razonado, a la hora de analizar el contenido de las publicaciones se ha de tener en cuenta la distinción entre la libertad de expresión (emisión de juicios y opiniones) y la libertad de información (manifestación de hechos).

En cuanto al contenido puramente informativo, esto es, el relato de un hecho concreto, de una noticia de interés público en el ejercicio de la libertad de información, del material probatorio obrante en autos y de la lectura de los textos publicados se desprende que se cumplen los requisitos exigidos para que tal información no se considere intromisión ilegitima en los derechos del actor, pues trataban, como ya se ha dicho, de un asunto de notorio interés público y encajaban dentro del concepto de veracidad entendido como diligente búsqueda de la verdad que asegure la seriedad del esfuerzo informativo.

No se exige la veracidad absoluta o plena, ya que, por un lado, caben errores o desviaciones que no alteren la verdad esencial de la afirmación, porque la veracidad exigible no es sinónima de verdad objetiva e incontestable y no equivale a realidad incontrovertible de los hechos y, por otro lado, es suficiente que la información obtenida y difundida sea el resultado de una búsqueda que asegure la seriedad del esfuerzo informativo, lo que exige que la fuente sea fidedigna, seria o fiable” (SSTS 4 de marzo y 18 de abril de 2000, 25 de enero y 31 de julio de 2002, 6, 9, 19 Y 22 de julio y 2 de septiembre de 2004, 18 de octubre de 2005 y 9 de marzo de 2006). De forma que la veracidad no se identifica con la verdad, sino con el desarrollo por parte del informador de una razonable actividad diligente tendente a obtener la corroboración del dato informativo, una suerte de criba que impida la propagación de lo que sólo constituye rumores o elementos insidiosos sin ninguna apoyatura externa (SSTC 21/2000 y 216/2006).

La narración de hechos que contienen los textos analizados, desprovista de los juicios de valor o criticas que la acompañan, no resulta falsa en cuanto la información transmitida no difunde simples rumores, meras invenciones o puras insinuaciones, sino, que antes al contrario, se corresponden a grandes rasgos con el desarrollo y devenir del curso de las diligencias policiales y sumariales.

La información dada se acomodaba a lo esencial a los elementos y datos que revelaban y reflejaban la investigación policial y judicial en curso.

Es de destacar que está reconocido que el juicio sobre la “veracidad” no puede realizarse “ex post” es decir cuando la verdad ha sido ya establecida, al menos en instancias oficiales, pues en ningún caso la libertad de información aparece condicionable de modo absoluto por el resultado del proceso penal y su efectividad o prevalencia no depende de que el hecho no se haya declarado probado en el mismo, alcanzando la tutela constitucional también a las informaciones que puedan resultar erróneas o simplemente no probadas en juicio (SS. T.C. 11 diciembre 2000, y T.S. 4 diciembre 1997, 23 febrero 199B, 31 mayo 2001 y 5 octubre 2004) .

La exigencia de la veracidad de la información difundida acerca de los hechos objeto de investigación penal, ni esta relacionada con la de que la obtención de los datos sea legítima, ni, por tanto, con el secreto de sumario (STC 54/2004 y STC 15B/2003 de 15 de Septiembre), y tampoco puede equipararse con la correlación entre aquella y la verdad procesal alcanzada finalmente en la causa penal (STC 154/1999, de 14 de septiembre), como no puede identificarse la veracidad de una información con su “realidad incontrovertible”, puesto que ello, -como se indica en las SSTC 2B/1996, de 26 de enero, 3/2001 y de 15 de enero costriñiría, de modo injustificado en el marco de un Estado social y democrático de Derecho (STC 297/2000 de 11 de Diciembre), el cauce comunicativo únicamente a los hechos que hayan sido plena y exactamente demostrados.

En el caso presente, es lo cierto que la información contenida en los artículos enjuiciados es veraz en lo sustancial y no está basada en rumores ni en meras conjeturas. En esencia, ha quedado probada la sustancial conformidad con la realidad de los hechos expuestos o divulgados en ellos, los cuales están tomados de las diligencias policiales y actuaciones judiciales practicadas a fin de determinar la autoría, y las causas y motivos del atentado, y también de las declaraciones prestadas ante la comisión parlamentaria del 11-M, y ello como resulta de la prueba aquí practicada.

Así, resultan constatados los siguientes presupuestos fácticos:

[Errante]

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[Errante]

Bueno, ahora viene la explicación de lo anterior. Lo que viene es muy interesante.

http://sentencias.juridicas.com/docs/00144692.html

En procedimiento penal por injurias y calumnias el juzgador absuelve de delito al querellado y establece que los hechos son constitutivos de falta de injurias leves, condenándole a multa. La sentencia establece, como es lógico, los hechos probados, que no son intocables en apelación, como se verá. Enlazo con el tema de discusión como antecedente, y el documento "autores" aportado por Hermanita:

http://foro.desiertoslejanos.com/viewtop...317#p65317

ANTECEDENTES DE HECHO
(…)
La Sentencia [en primera instancia] declara probado «que el pasado día 16 de febrero de 1995 por parte del Alcalde del Ayuntamiento de Silla don F.B.M., mayor de edad y sin antecedentes penales, se realizaron manifestaciones ante varios medios de comunicación como Levante EMV, El País, Canal Nou Radio y Canal 9 TV en cuyas declaraciones refiriéndose a F.J.G.B. dijo de él que era una persona violenta, que tenía una reacción desesperada intentado perjudicar la imagen de la Policía Local de Silla, que no quería ceder al chantaje ante el Ayuntamiento y otros funcionarios que no han cedido a su coacción, que se le han abierto varios expedientes disciplinarios, que está frustrado profesionalmente con deseos de venganza, que agredió a un compañero en Foios una vez».

<Estas declaraciones se hicieron libre y conscientemente por el señor B., y afectaron a la buena fama, consideración pública y profesional del Sr. G. > (…)

b) Frente a la anterior resolución el Sr. B.M. interpuso recurso de apelación, el cual fue estimado por Sentencia de 31 de diciembre de 1998 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que revocó la de instancia y absolvió al apelante de la falta de injurias.

La Sentencia acepta los hechos declarados probados en instancia, con excepción del último párrafo transcrito, cuyo contenido reduce en los siguientes términos: «Estas declaraciones se hacen libre y conscientemente por el señor B.»; y ello por considerar que los hechos no pueden contener afirmaciones o valoraciones del Juez. Entre tales hechos probados no se encuentra, según la Audiencia Provincial, que el querellado diera copia a la prensa de unos expedientes disciplinarios utilizados para justificar la fundamentación de la Sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
3. En la demanda de amparo se alega en primer lugar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por tres motivos: Por haber omitido la Sentencia de apelación, en sus antecedentes de hecho, la actividad procesal desarrollada por la parte; en concreto, su personación en la segunda instancia y su solicitud de que se impusiera al querellado una pena congruente con la gravedad de los hechos. Por incurrir dicha resolución en un vicio de incongruencia omisiva, al sustraer al examen del recurso la abundante fundamentación jurídica y doctrinal aportada por la acusación. Y, finalmente, por no ser una resolución motivada y fundada en Derecho.
(…)
En segundo lugar el demandante invoca dicho precepto para denunciar que la Sentencia impugnada habría incurrido en incongruencia al exceptuar en los fundamentos de Derecho un hecho que previamente admite como probado y omitir cualquier referencia a las alegaciones y peticiones formuladas por la parte. Debe señalarse al respecto que no puede calificarse de incongruencia con relevancia constitucional la supresión en la Sentencia de apelación de determinadas valoraciones incluidas en los hechos probados de la Sentencia de instancia, en concreto la que afirma que las declaraciones del querellado afectaban «a la buena fama, consideración pública y profesional» del hoy recurrente. Precisamente porque la apelación es un novum iudicium en el que cabe una nueva apreciación tanto de los hechos como del Derecho (por todas, STC 47/2002, de 25 de febrero, FJ 2) el Juez ad quem entendió que tales valoraciones no debían figurar en los hechos probados, ya que predeterminaban el fallo, y por ello debían incluirse en los fundamentos de Derecho, argumentando allí si efectivamente las controvertidas declaraciones afectaban o no, y, de afectar, en qué medida, la buena fama y consideración del querellante.
En todo caso, la queja por incongruencia omisiva en sentido propio, es decir, por la pretendida falta de respuesta a las alegaciones y peticiones del apelado, aquí recurrente, debe considerarse procesalmente inviable como consecuencia de no haber agotado aquél los recursos judiciales previos [arts. 44.1 a) y 50.1 a) LOTC] al no haber empleado el incidente de nulidad del art. 240.3 LOPJ, que este Tribunal ha declarado imprescindible en orden al cumplimiento de la previsión del art. 44.1 a) LOTC (STC 105/2001, de 23 de abril, FJ 3).

No sé si el caso es extrapolable (pienso que sí, pero es mejor que los expertos en Derecho opinen). La diferencia, mientras que este procedimiento por vulneración del honor se inició por vía penal, el de Sánchez Manzano se inició por lo civil; mientras que en el primero la sentencia habla de "Hechos probados", en el segundo son "presupuestos fácticos". Pero al fin y al cabo son hechos que en ambas sentencias se dan por probados, salvando la complejidad entre uno y otro.

PD Edición:

Lo de "vicio de incongruencia omisiva, al sustraer al examen del recurso la abundante fundamentación jurídica y doctrinal aportada por la acusación" que argumenta el recurrente, es como se dice en fisno lo del sesgo conspi o tufillo sin que te aticen con la porra

[lejianeutra]

El que en el artículo de D. Casimiro Garcia Abadillo de 13 de Julio de 2006 […] se dé a entender que fue el demandante [S-M] el que envió la mochila comprada […] cuando quien la remitió fue la U.C.I.E. […], no es un error sustancial y relevante en cuanto que no afecta a la esencia y veracidad de la información, no siendo esta otra que el hecho de que dos años después del atentado, y sin razón o causa conocida, la auténtica mochila aún no estaba en poder del Juzgado.

Lo que aquí la jueza parece no comprender es que este artículo de Casimiro no cabe calificarlo como artículo de información o divulgativo, sino como artículo de opinión, por más que El Mundo, en una de sus habituales triquiñuelas, no lo enmarcara en su momento dentro de la correspondiente sección de opinión en sus páginas, sino dentro de la sección España. Al respecto, el nombre elegido ("Carta abierta a Olga Sánchez") no puede ser más significativo de la verdadera intención del autor.

No es este un artículo destinado a informar a los lectores sobre una serie de hechos, ni hace un detallado relato de acontecimientos que permita al lector hacerse su propia composición de lugar... Es más bien uno de esos híbridos especialidad de la casa en los que se mezcla un 90 por ciento de opinión creada a partir de pequeñas gotas de (des)información que el lector no tiene oportunidad de contrastar a menos que guarde frescas en la memoria todas y cada una de las informaciones del diario de los últimos meses.

Si observamos, en este artículo no se hace ni siquiera una mínima recapitulación sobre los hechos conocidos y las circunstancias en que se produjo el envío a Del Olmo de las dos mochilas, sino que se limita únicamente a hacer una aseveración al respecto: "Es decir, que Sánchez Manzano se había quedado con la buena y al juzgado sólo había enviado una bolsa recién comprada y parecida a la original". No hay más al respecto.

Bien, una profesional de la judicatura debería ser capaz de distinguir entre opinión e información. Y la frase en negritas no es opinión, es información, y más concretamente desinformación. Es directamente un hecho falso atribuído a Sánchez Manzano con conocimiento, una vez más, de su falsedad, por cuanto fue el propio diario El Mundo el que publicó en su momento que la copia de la mochila había sido enviada a Del Olmo por la UCIE. Y es un hecho falso del que Casimiro, en su híbrido, se vale para reforzar en el imaginario colectivo de los lectores una idea expuesta al principio del párrafo: "En el curso de la instrucción, el jefe de los Tedax se ha destacado por sus ocultaciones y obstrucciones a la Justicia". Y es, por último, un hecho falso que el lector no tiene oportunidad de contrastar debidamente a menos que en los últimos cuatro meses haya dedicado un euro diario a contribuir a la mezquina causa de El Mundo y además calce memoria de elefante. De lo contrario, o sin más en el caso de nuevos lectores, no tienen esa oportunidad. Que este episodio de desinformación intencionada es 4 meses posterior al relato de los verdaderos hechos en el mismo medio, es algo que debería haber sido tenido en cuenta por la jueza. Que nunca hubo rectificación posterior, también.

En estas circunstancias que la jueza sostenga que lo escrito por Casimiro "no es un error sustancial y relevante en cuanto que no afecta a la esencia y veracidad de la información, no siendo esta otra que el hecho de que dos años después del atentado, y sin razón o causa conocida, la auténtica mochila aún no estaba en poder del Juzgado" me parece un grave error, porque aquí la información que pretende transmitir Casimiro no es que la auténtica mochila no estaba en poder del Juzgado, sino que Sánchez Manzano la ocultó y para ello envió una copia. Para ello le basta con leer el artículo al completo y darse cuenta del contexto de descalificaciones a Sánchez Manzano en el que se sitúa esa falsa atribución. Y en ese contexto el "error" de Casimiro no es irrelevante e insustancial, sino que le viene como anillo al dedo.

La libertad de opinión es sagrada en una sociedad plural y democrática, en efecto... La de Casimiro también, por supuesto, mal que nos pese. Como lo es la libertad para transmitirla y crear opinión en otros. Lo que de ningún modo puede ser sagrado ni debe ser amparado por una profesional de la judicatura es la libertad de intoxicación, que ése y no otro nombre merece el intento de crear opinión en los lectores en base a hechos cuya falsedad se conoce.

[Quetza]

...La libertad de opinión es sagrada en una sociedad plural y democrática, en efecto... La de Casimiro también, por supuesto, mal que nos pese. Como lo es la libertad para transmitirla y crear opinión en otros. Lo que de ningún modo puede ser sagrado ni debe ser amparado por una profesional de la judicatura es la libertad de intoxicación, que ése y no otro nombre merece el intento de crear opinión en los lectores en base a hechos cuya falsedad se conoce.

Un ejemplo, off topic, de máxima actualidad, aunque no esté relacionado con el 11-m (bueno, par los peones todo tiene relación con el 11-m)

Afirma hoy EM en titulares:

García Hidalgo ordenó advertir a Elosúa.

La investigación del chivatazo a ETA llevó al jefe de la Policía

Tiempo verbal el de ese"ordenó" que rezuma potencialidad e "hipotesidad" por los cuatro costados.

Luego ya en el cuerpo de la noticia, se aclara que era una hipóteis de trabajo de los investigadores que el fiscal echa por tierra, pero el titular queda ahí.

[Errante]

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[Quetza]

Del presupuesto fáctico 5.

Que los demandados sostienen que es imposible que el teléfono móvil TRIUM 110 hallado en la mochila de Vallecas guardase en su memoria la fecha y la hora para la que estaba programado en cuanto que este modelo borra los datos almacenados al ser retirada la batería, como aquí hubo de hacerse para extraer la tarjeta SIM, pues en tal caso se pierden la hora y la fecha por lo que , razonan, cuando los Tedax vuelven a encender el terminal con una nueva tarjeta SIM, el teléfono en cuestión no podía mostrar en ningún caso la “hora real” pues la ha perdido al igual que la fecha establecida con anterioridad, y de haberse encendido el teléfono con la tarjeta original se hubiera perdido la señal de activación de la Bts Morata de Tajuña, lo que no ocurrió, conclusiones todas ellas que refrendan con el libro técnico del teléfono y con el dictamen pericial de D. Miguel Ángel González Aragón debidamente aportado y ratificado en estas actuaciones.

Los demandados sostienen durante el juicio sus acusaciones contra Manzano. Aquí no se pretende demostrar la veracidad sino la verdad, sin matices constitucionales, de lo informado. El Mundo, por tanto, sigue acusando a Manzano de engañar a un Juez en documento publico, de mentir en el juicio sobre este extremo, y manipular un instrumento del delito. Aunque sólo les faltó tipicar los delitos conforme el Código Penal, para la Juez Lledó no se atribuye ningún delito a Manzano.

Como quiera que la imputación de delitos parece obvia, al manos para mí, se ha de considerar que estas acusaciones se hiciesen en potencialidad, como hipótesis aclarativas, para que Lledó no las considere como atribución de delito. Veamos:

1.- El publicado el 2 de Marzo de 2007, (Doc 45) suscrito por Casimiro García- Abadillo y en el que se manifiesta:

“ Manzano engañó al juez diciéndole por escrito que la hora del teléfono de Vallecas “coincidía con la real”, cuando la habían puesto lo propios Tedax después de que esa información se perdiera al encender el Trium con la tarjeta del móvil de un agente”.


“El comisario jefe de los Tedax no dijo la verdad al juez. Una vez que se quita la batería ... “ ... “si, como relataron el propio Sánchez Manzano y el Comisario General de Policía Científica Miguel Ángel Santano, ante la Comisión de Investigación del 11-M, el teléfono se desmontó para extraer la tarjeta”.

2.- El publicado el 16 de Julio de 2007 firmado por García-Abadillo (Doc 47) y que dice: “El comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano “mintió” en el juicio cuando dijo que el móvil del artefacto de Vallecas tenía la hora real y la activación del despertador-vibrador estaba programada para las 7,40. No lo podía saber porque ese modelo de teléfono, al quitarle la pila, se desprograma. Al estar apagado, para activarlo uno de los Tedax introdujo la tarjeta de su móvil y para eso tuvo que quitar la pila.

“Manzano engañó al Juez por escrito…”, “no dijo la verdad al juez…”, “mintió en el juicio…“`[la hora] la habían puesto los propios Tédax…”

Yo no veo hipótesis sino afirmaciones, acusaciones de hechos constitutivos de delito. De hecho lo que la Juez establece no es la veracidad de la información, sino la verdad de la información que aún durante el juicio sostienen los demandados: la exceptio veritatis (sui generis)

¿En qué basa EM sus acusaciones a Manzano? En demostrar que el téléfono pierde la hora al quitar la batería, añadiendo ex-post, pues no lo hace en sus artículos originales, que además de quitar la batería hay que introducir una tarjeta nueva. Inicialmente en sus artículos esa circunstancia, la de cambiar la tarjeta, era la demostración de que se había quitado la batería, pero no la causa efectiva de la pérdida de datos.

Pero, aunque imprescindible para sus tretas, demos por buena esa alteración posterior de la información.

¿Es eso lo que demostró el perito durante el juicio con su dictamen multimedia?. Pues veamos el gráfico que el propio diario elaboró:



Abracadabra, se introduce SIM (a) y después SIM (b).

SIM (a) y SIM(b)ergüenzas, que es lo que son. No aclaran en el gráfico que la SIM (a) era de Movistar, la compañía del terminal, y que la SIM (b) era de Orange, tal y como en un arrebato de veracidad publicó EL Mundo:

El ingeniero llevó a cabo el proceso con un Trium 110 de color plateado, azul y gris oscuro, con la batería cargada y una tarjeta de la compañía Movistar. Una vez comprobados que todos estos extremos funcionaban de manera correcta y eran adecuados para la realización del dictamen, el técnico encendió el terminal e introdujo el código secreto (PIN). Después, efectuó una llamada, almacenó en la guía dos números y programó el despertador para comprobar que todo iba bien.

A continuación, configuró la hora y la fecha. Al azar, fijó las 11.11 horas del 11 de noviembre de 2011, y comprobó en la pantalla que el teléfono había quedado configurado correctamente. Ese día será viernes.

El ingeniero apagó entonces el terminal y extrajo la batería y la tarjeta SIM Movistar, que sustituyó por otra de la compañía Orange. Realizadas de nuevo las mismas comprobaciones, encendió el móvil. Y cuando se iluminó la pantalla, «el teléfono ha perdido la fecha establecida con anterioridad [...]. Se comprueba que la fecha por defecto propuesta por el teléfono es 01/01/2001 [...]. El teléfono también ha perdido la hora. El teléfono muestra la pantalla de espera con 00.00 Lun 01».

Además, el perito incluye en sus conclusiones un extracto de las instrucciones del Trium 110 en el que ya se advierte de que eso ocurriría.

Pues no, el dictamen del ingeniero, que ninguna culpa tiene de esto, lo que viene a demostrar es que si en el teléfono se mete una tarjeta nueva de distinta compañía los datos se pierden, pero no demuestra que al meter una tarjeta nueva de la misma compañía los datos se pierdan.

Tampoco demuestra que en un teléfono liberado, como el de la mochila, se produzca el mismo resultado, aún metiendo tarjetas de distinta compañía.

Concluyo, que me pongo espeso: si los demandados sostienen la verdad, que no veracidad, de sus afirmaciones sobre la imposibilidad del teléfono de conservar los datos tras extraer la batería, mantienen también sus acusaciones sobre Manzano. Lo que, desde mi punto de vista, no puede hacer la juez es dar como demostrada y verdadera la información dada, pero juzgar solamente sobre su veracidad y evitar así entrar en la realidad de las imputaciones delictivas a Manzano, cuando la pretensión de los demandados es sostener durante el juicio la verdad de la información y por tanto de sus acusaciones.


Añado más: creo que incluso para los propios demandados era tan evidente la imputación sin matices de delitos en el caso del teléfono, que no les quedaba otra estrategia de defensa que la exceptio veritatis, una huida hacia delante con ese dictamen como ariete. Ni en sus mejores sueños PJ esperaba una sentencia tan favorable.

[Errante]

Excelente análisis, Quetza, muy acertado.

A todo ello añadir que la prueba de que la pretensión implícita de los demandados es la exceptió veritatis (sui géneris) del hecho que motiva la acusación -consentida judicialmente sin competencia, con la incongruente inaplicación de su consecuencia: subrepticio mantenimiento de la firme acusación que se da como demostrada en incompetente vía civil- es la propia valoración de la prueba practicada por la juez (valoración reseñada como b):


Tal información aportada por los demandados derivada de las averiguaciones realizadas, avaladas por el informe pericial y los datos del libro de Condiciones Técnicas y Usuario del mismo tipo de teléfono, evidencian [a)] un ejercicio de investigación serio y riguroso por lo que tal información debe de merecer su carácter de información veraz, [y b)] aunque no haya sido probado en el juicio y no se recoja en la sentencia.

La valoración a) " evidencian un ejercicio de investigación serio y riguroso por lo que tal información debe de merecer su carácter de información veraz" se corresponde con una valoración de fondo sobre el objeto del litigio honor vs información, que, como he expuesto en post anteriores, al establecerse en el mismo espacio que los hechos que se dan por probados pasa dicha valoración a formar parte de los mismos hechos para sucesivas instancias que hayan de volver sobre su análisis. La juez -quizá contagiada del espiritu Pedrojotiano de mezclar de forma confusa información y opinión en el mismo texto- ha englobado los fundamentos de Hecho y de Derecho bajo el genérico Fundamentos jurídicos, sin hacer clara distinción entre lo que corresponde a hechos o presupuestos fácticos acreditados en juicio civil y su propia valoración de los mismos. La falta de claridad es también motivo de alegación en apelación.

En el apartado b), sin tener competencia para ello, tal valoración consiguiente a la prueba practicada cuyos resultados da por demostrados y recogidos en los hechos "aunque no haya sido probado en el juicio y no se recoja en la sentencia", va más allá del objeto del litigio civil, de lo que es la veracidad o inveracidad informativa de lo publicado, para adentrarse en la verdad judicial, reinterpretando la valoración del tribunal penal y, explícitamente, enméndandole la plana a los hechos -inamovibles, salvo recurso extraordinario de revisión- probados en sentencia penal firme.

En este punto, recordar lo siguiente:

Jurisprudencia post Quetza 88 más post 92

http://foro.desiertoslejanos.com/viewtop...248#p65248

Si la valoración reseñada en a) es de tufillo, la que le sigue ya es jurídicamente disparatada. Toda esta prueba ex post -no me cansaré de decirlo- debería ser impugnada en apelación y, más allá, sus valoraciones reinterpretativas y modificativas de hechos penales motivo de nulidad de la prueba.

[Quetza]

Más jurisprudencia al respecto:
61/2008 ( SENTENCIA )

De este modo, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, un error del Juez o Tribunal sobre los presupuestos fácticos que le han servido para resolver el asunto sometido a su decisión puede determinar una infracción del art. 24.1 CE. Ahora bien, para que se produzca tal violación es necesario que concurran determinados requisitos, pues no toda inexactitud o equivocación del órgano judicial adquiere relevancia constitucional.

- En primer lugar, el error ha de ser patente, manifiesto, evidente o notorio, en cuanto su existencia resulte inmediatamente verificable de forma clara e incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y la experiencia.

- El error ha de ser, en segundo lugar, determinante de la decisión adoptada, de forma que constituya el soporte único o fundamental de la resolución, su ratio decidendi; en definitiva, se trata de que, comprobada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba, de tal modo que no pueda conocerse cuál hubiera sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo.


- Además la equivocación debe ser atribuible al órgano que la cometió, es decir, no imputable a la negligencia o mala fe de la parte, que, en tal caso, no podría quejarse, en sentido estricto, de haber sufrido un agravio del derecho fundamental.

- Por último el error ha de producir efectos negativos en la esfera jurídica de quien lo invoca (SSTC 194/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 196/2003, de 27 de octubre, FJ 6; 213/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 63/2004, de 19 de abril, FJ 3; 114/2005, de 9 de mayo, FJ 3; 221/2007, de 8 de octubre, FJ 3; 4/2008, de 21 de enero, FJ 3, por todas).

Yo apuesto a que se cumplen todos y cada uno de los requisitos.

[morenohijazo]

Publicado en el blog el Presupuesto fáctico 2: Los móviles de ETA

[Opi]

¿Alguien sabe si Manzano piensa recurrir o seguir llevando adelante querellas sobre este tema?

Abrazos,

Er Opi.

[morenohijazo]

Los abogados estaban redactando recurso, desde luego.

[saltamontes]

El manual del movil, por si sirve de algo

http://www.scribd.com/doc/20740290/trium110es

[Errante]

Rescato este post fundamental, que centra muy bien el asunto, para que no se nos pierda de vista:

Rasmo #42

Reitero una vez más que, a mi entender, no cabe, sin predeterminar el fallo, enunciar como presupuesto fáctico lo que es en realidad una valoración de fondo sobre la que no se ha expuesto justificación o acreditación alguna y que, de hecho, resulta demostrablemente errónea.
Lamentablemente, este proceder se repite a lo largo de la sentencia. En cuanto encuentre un momento, haré un análisis similar para el caso de la radiografía de la mochila y, en especial, en lo que atañe a la pericial de explosivos encargada por el tribunal.
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Nota: Ahora, los juristas del foro pueden correrme a gorrazos, pero que no se diga que no lo intento…

#166 Respuesta TC (#166)

el Juez ad quem entendió que tales valoraciones no debían figurar en los hechos probados, ya que predeterminaban el fallo, y por ello debían incluirse en los fundamentos de Derecho, argumentando allí si efectivamente las controvertidas declaraciones afectaban o no, y, de afectar, en qué medida, la buena fama y consideración del querellante.

Como ves, amigo Rasmo, has dado de pleno en el fondo del asunto

[Hermanita]

Vuestra capacidad de trabajo es abrumadora. Como dice lejía, yo es que no soy capaz de leer tan deprisa como vosotros escribís...

No me apetece demasiado comentar la sentencia porque los puntos débiles (que los tiene, como toda obra humana) ya los estáis machacando sobradamente, y ponerme a defenderla, dado que en lo sustancial me parece correcta... pues tampoco me ilusiona, porque creo que es hacerle el trabajo al enemigo. Por tanto, voy a hacer caso del acertado consejo del siempre prudente Isocrates y a intentar analizar (en próximos posts) la querella contra S-M.

Pero, querido Errante, después de tus llamamientos no puedo dejar de decirte algo sobre el asunto "valoración y hechos". No te falta razón cuando dices que mezclar hechos y valoraciones es arriesgado para la imparcialidad. Has buscado apoyo teórico para tu punto de vista (esa sentencia del Constitucional de 2001, por ejemplo) y rastreado en la sentencia de Lledó las manifestaciones de «valoración mezclada con el relato fáctico» con mucho acierto. Esto no se puede dudar.

The problem is que esto del Derecho es tan jodidillo que para cada roto hay un descosido. Bríndote estas palabras, tomadas de una sentencia de nuestro Tribunal Supremo en uno más de los muchos juicios por cuestiones de honor que en España han sido (éste era penal y por calumnias). Dice así la sentencia:

El cuarto submotivo alega predeterminación del fallo, por incluir la expresión "inveraz" en el relato fáctico.

Según reiterada doctrina jurisprudencial, para que constituya un vicio determinante de la nulidad, la predeterminación del fallo requiere los siguientes requisitos: a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado, b) que sean, por lo general, sólo asequibles a juristas y no compartidas en el lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto del fallo; d) que suprimidos tales conceptos jurídicos predeterminantes, dejen el hecho histórico sin base suficiente para la subsunción (SS.T.S. 17 de abril de 1996 y 18 de mayo de 1999, entre otras muchas).

En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminar el fallo pues, si no fuese así, la absolución o condena carecería del imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica-imprescindible- sinó impedir que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, es decir que se determine la subsunción no mediante un relato histórico, sinó mediante una valoración jurídica que se lleve indebidamente al apartado de hechos probados.

El motivo carece de fundamento pues nos encontramos ante una expresión fáctica, y no técnico-jurídica, que refleja al mismo tiempo la falta de concordancia con la realidad de las imputaciones realizadas y el hecho subjetivo de la falta de veracidad del acusado, expresando una convicción del Tribunal debidamente justificada en la fundamentación jurídica.

Esta sentencia del Supremo tiene además unos detalles que se me antojan muy bonitos , por una cierta, casual y especial relación que presentan con los asuntos que tratamos en este foro:

- Por una parte, el ponente, por una vez, es sobradamente conocido del público en general: el Excmo Sr. Cándido Conde-Pumpido Tourón.

- Por otra parte, están implicados en el asunto "Diario 16" (cambian las sillas pero no los burros) y la COPE (y a veces no cambian ni las sillas) como medios de comunicación que difundieron las manifestaciones reputadas calumniosas.

- Por último, y aquí te tienes que fiar de mí, Errante, entre los querellantes y ganadores del proceso, ese señor al que en la base de datos del Supremo se alude discretamente como "D. Armando" es, en realidad... Juan Jesús S-M. Que, en este ya lejano juicio por calumnias, ganó (350.000 pesetas de 1998 más intereses, le dieron).

Sobre las críticas que he leído en varios posts de este hilo a lo del teléfono móvil y el uso por la jueza de la expresión "aunque no haya sido probado en el juicio y no se recoja en la sentencia", tengo que manifestar mi total desacuerdo. La jueza razona perfectamente acerca de qué significa la no exigencia de la veracidad aplicando un criterio "ex post": hubo un esfuerzo informativo serio cuando se escribieron los dos artículos sobre los que versa la demanda (en lo que al teléfono se refiere), pues los demandados han demostrado que había peritos que decían que el teléfono perdía la hora al quitarle la batería y cuando esos artículos se publicaron (5 de marzo y 16 de julio de 2007) no se había dictado la sentencia del 11M, de forma que no se puede juzgar su veracidad aplicando un criterio "ex post" consistente en decir que en tales artículos se afirmaba una falsedad porque en la sentencia posterior a los artículos no se recogía este asunto como hecho probado (ni se mencionaba, vamos).

No sé si me estaré explicando, pero es que me sorprende que no veáis que justamente la jueza hace, en este tema, lo que tiene que hacer. No se trata de que sea verdad o no que el teléfono pierde la hora al quitarle la batería. Es que hasta podría haberse dado por probado en el juicio y sentencia del 11M que no la pierde: eso no afecta a la veracidad de los artículos publicados antes de la sentencia, cuando los que los publicaron no decían lo del teléfono porque sí y sin más ni más, sino que razonaban su interpretación de los hechos y tenían el apoyo técnico de un perito para esa interpretación.

O sea: fueron veraces al sostener que el teléfono tenía que haber perdido la hora al quitarle la batería, "aunque no haya sido probado en el juicio y no se recoja en la sentencia". Y, añado yo para que se vea más claro: habrían podido demostrar la veracidad aunque se hubiera probado en el juicio que el teléfono no perdió la hora y aunque la sentencia lo dijera así.

Y nada de todo esto supone que la jueza corrige la sentencia del 11M, o ignora los hechos probados en ella o le enmienda la plana a Bermúdez. Que no y que no. Ése es un error de los peones tontos, ¡cohone! A ver, voy a probar de esta forma:

La veracidad es cualidad de las personas y la verdad lo es de los hechos. Quien dice un hecho falso creyéndolo verdadero es veraz, así como quien dice un hecho cierto creyéndolo falso está mintiendo.

[Hermanita]

Y antes de que me lo digáis: en un tribunal, lo que Piyei y Lozanitos y Casimiro y demás abyectos seres "creen" es lo que "pueden probar, indiciariamente, que creen". Nadie, ni en un tribunal ni en ninguna otra parte, sabe lo que de verdad creen los demás, porque en nuestros cerebros nadie puede entrar (todavía y por suerte), y menos años después de que ocurrieran las cosas. El dolo, la negligencia, la veracidad, el deseo de hacer daño o la intención homicida siempre son indiciarios. Esto se olvida con mucha frecuencia.

PD: Oyes, mirar a ver si conseguís interesaros en el derecho tributario, que con lo fieras que sois me vendría de perlas que le diérais caña a algunas cosillas. Madre mía, qué chollo

[lejianeutra]

Hermanita, ya dije en un anterior mensaje que compartía este análisis tuyo, en cuanto que no estoy de acuerdo en que la Sentencia de Lledó dé nada por probado en relación al 11-M, y mucho menos en sentido contrario a las sentencias de la AN y del TS, porque no era el 11-M lo juzgado sino la actuación de determinados periodistas de El Mundo. Aunque desde luego su ambigüa redacción dé pie a muchas personas a legítimamente pensar lo contrario. Pero, en suma, es El Mundo quien ha sido juzgado y quien ha sido absuelto.

Pero precisamente por ahí viene mi malestar, además de por el Fallo en sí, por las razones en que éste es fundamentado. La sentencia, en pocas palabras, ha premiado el esfuerzo informativo de El Mundo y la veracidad (que no la verdad) de sus informaciones: El Mundo no ha mentido porque creía en la verdad de sus informaciones, ha dado a entender la jueza. Bien lo has resumido tú:

La veracidad es cualidad de las personas y la verdad lo es de los hechos. Quien dice un hecho falso creyéndolo verdadero es veraz, así como quien dice un hecho cierto creyéndolo falso está mintiendo.

¿Cómo cabe calificar entonces a quienes difunden un hecho falso a sabiendas de que es falso? Estarás de acuerdo conmigo en que también de "mentiroso". Pues bien, independientemente de su interpretación de la Sentencia, varios foreros aquí (entre los cuales me incluyo) han dado pruebas de sobra de que El Mundo ha divulgado datos falsos a sabiendas de que lo eran.

Yo he puesto como ejemplo el sostener varias veces que Sánchez Manzano había dado una explicación poco creíble a Del Olmo (o incluso que había mentido) sobre la aparición del apellido "Manzano" en la agenda de Carmen Toro, cuando es el propio diario el que en su momento había dejado claro que esa explicación no había sido dada por Sánchez Manzano, sino por el agente de la UCIE con el que Del Olmo había hablado por teléfono. Errante y otros han puesto el ejemplo de difundir repetidamente que Sánchez Manzano había enviado una mochila falsa a Del Olmo, cuando el propio diario había informado originalmente que había sido enviada por la UCIE. O el ejemplo de repetir que ese agente estaba a las órdenes de Sánchez Manzano, cuando ellos mismos habían dejado claro que no era sí. Esa manera de "jugar" con el olvido de los lectores ha encontrado amparo en un Juzgado.

Traté de excusar en su momento a la jueza Lledó con el argumento técnico de que algunos de los artículos y editoriales contenidos en el escrito de demanda finalmente no habían sido objeto de enjuiciamiento, o de de quizás los abogados de Sánchez Manzano no habían aportado artículos suficientes o artículos clave... Pero es que resulta que en los que SÍ han sido objeto de enjuiciamiento, aquéllos que la propia jueza Lledó cita en su sentencia, hay elementos suficientes para que la jueza hubiera percibido el esfuerzo de los periodistas de El Mundo por ser inveraces, que es (repito) su esfuerzo por difundir datos falsos a sabiendas de que eran falsos, dado que ellos mismos habían difundido previamente los verdaderos.

Realmente, me sorprende que una profesional de la judicatura no haya sido capaz de ver que cuando alguien dice A y sabe que A es verdadero, no puede ir repitiendo después que no-A, porque en ese caso esta siendo... inveraz.

Un saludo