29-09-2006, 13:20:19
No, a mi entender, el tema tampoco es si los peritos se extralimitaron en sus funciones al incorporar al informe opiniones subjetivas y en absoluto científicas. Eso es una cuestión interna de la Unidad.
Aun si estos tres peritos hubieran aprovechado su trabajo para afirmar ante el juez su convencimiento de que los atentados del 11-M fueron obra de los masones en connivencia con el Real Automóvil Club, o para pedir un aumento de sueldo, el asunto que ventilamos y al que PJ se va a acoger con uñas y dientes es al procedimiento utilizado para desactivar los errores o espurias intenciones de los citados técnicos.
Si a criterio de sus superiores un funcionario yerra o se extralimita en sus funciones estoy seguro existen procedimientos reglados para llamarle al orden y obligarle, por las buenas o por las malas, a reconducir su conducta.
El problema surge, como en este caso, cuando ante la negativa del funcionario díscolo a entrar en razón la superioridad decide actuar por su cuenta con procedimientos que tienen toda la pinta de, en el mejor de los casos, ya veremos, bordear la legalidad.
Aparte del desenlace de las querellas que por falsificación de documento público investigan el juez Garzón y un juzgado provincial de Madrid, la crítica que yo le hago al Sr. Santano y al Sr. Ramírez es haber dado, con su chapucero proceder, argumentos a los conspiracionistas para poner en duda toda la investigación policial sobre lo sucedido el 11-M.
Eso ya no hay quien lo repare y es muy lamentable.
Aun si estos tres peritos hubieran aprovechado su trabajo para afirmar ante el juez su convencimiento de que los atentados del 11-M fueron obra de los masones en connivencia con el Real Automóvil Club, o para pedir un aumento de sueldo, el asunto que ventilamos y al que PJ se va a acoger con uñas y dientes es al procedimiento utilizado para desactivar los errores o espurias intenciones de los citados técnicos.
Si a criterio de sus superiores un funcionario yerra o se extralimita en sus funciones estoy seguro existen procedimientos reglados para llamarle al orden y obligarle, por las buenas o por las malas, a reconducir su conducta.
El problema surge, como en este caso, cuando ante la negativa del funcionario díscolo a entrar en razón la superioridad decide actuar por su cuenta con procedimientos que tienen toda la pinta de, en el mejor de los casos, ya veremos, bordear la legalidad.
Aparte del desenlace de las querellas que por falsificación de documento público investigan el juez Garzón y un juzgado provincial de Madrid, la crítica que yo le hago al Sr. Santano y al Sr. Ramírez es haber dado, con su chapucero proceder, argumentos a los conspiracionistas para poner en duda toda la investigación policial sobre lo sucedido el 11-M.
Eso ya no hay quien lo repare y es muy lamentable.