01-05-2007, 12:30:25
Guardia Civil contra Guardia Civil por el 11-M
El informe de Aldea, ahora revelado íntegramente, detalla seis ocasiones para detener a Toro y a Trashorras antes del atentado
Oviedo / Gijón, I. R. / É. V.
Un informe del coronel Fernando Aldea -ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo-, incorporado al sumario por los atentados del 11-M, constata el caos, la descoordinación y la desorganización reinante en la Benemérita antes y después de la masacre. Incluye, además, importantes acusaciones a la Policía.
El documento, cuyo contenido textual ha salido ahora a la luz, pero que LA NUEVA ESPAÑA ya destacó al menos en dos ocasiones (por primera vez en agosto de 2005, la última el pasado 10 de abril), está calificado de secreto y en él Aldea sostiene que el coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), mintió en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados (en julio de 2004) para echar balones fuera y descargar a su unidad de responsabilidades sobre lo sucedido en los trenes de Madrid. Además, detalla hasta seis fallos para detener el tráfico de explosivos al que se dedicaban Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras. «Fuimos los séptimos» en tener conocimiento de ello, afirma.
Las conclusiones del informe sostienen que la Policía cometió «una grave irregularidad que permitió que 200 kilos de explosivos no fueran incautados y que Toro y Trashorras no recibieran el merecido reproche penal». Los avilesinos fueron procesados por este delito 5 meses antes de los atentados, a petición del entonces nuevo fiscal antidroga, José Perals.
Este documento, atribuido a Aldea como responsable de la Comandancia, fue posiblemente escrito por el comandante Francisco Jambrina -su «número dos»-, tal y como declaró este último durante la instrucción del sumario ante el juez Juan del Olmo. Una vez redactado, y tras presentárselo a Aldea, éste le pidió que retirara algunos párrafos. En concreto, los «retoques» afectaron a una parte del informe referido a la «operación Pípol», de la Policía, en la que se hablaba de que «en un registro que se dejó de hacer» no se incautaron 200 kilos de explosivos (que se sospecha que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras escondían al margen de lo aprehendido en el garaje de Avilés). Poner esto por escrito, afirmó Jambrina a Del Olmo, «no le pareció prudente» a Aldea, «porque parecía verter una acusación contra la Policía y no sabían si había sido así». Así, Jambrina sí retiró los párrafos del informe, tal como le había dicho su superior, pero omitió hacerlo de las conclusiones finales del mismo, tal y como se evidencia ahora en el escrito.
El informe -publicado ayer por «El Mundo»- contradice la declaración prestada por Hernando el 20 de julio de 2004, en la que aseguró que su unidad sólo envió una nota a la Guardia Civil de Asturias sobre el tráfico de explosivos de los dos ex cuñados, el 27 de febrero de 2003. Ahí, dijo, finalizó la actuación de la UCO en cuanto a la investigación de los hechos.
La Guardia Civil asturiana lo niega. Con esa nota, enviada «a petición de esta Comandancia», apostilla el informe, «se pretendía hacer reaccionar a la zona de Asturias para que autorizara a constituir un grupo mixto que, con personal de las dos comandancias, investigara el tráfico de explosivos». El responsable de la zona de Asturias era el hoy general Pedro Laguna, que no permitió la creación de esta unidad.
Pero existió otra nota enviada por la UCO, el 6 de marzo de 2003, en la que se aludía a 150 kilos de dinamita que Toro y Trashorras aseguraban -supuestamente- que tenían o podían conseguir. El comandante Jambrina aseguró a Del Olmo que Víctor -el «controlador» de Zouhier de la UCO- lo telefoneó el 26 de julio de 2004 para pedirle que la destruyera (porque era la evidencia de que la unidad debía de haber actuado por tratarse de un asunto de «delincuencia organizada y de ámbito nacional»). Él se negó. «Víctor» lo desmintió y declaró en el juicio por el 11-M que sólo lo llamó para pedirle que «procurara» que el escrito no se filtrara a la prensa.
Según el informe de Aldea, la UCO «infravaloró» la información de la que disponía y no dedicó recursos a la investigación. Y la Fiscalía, dice, de la que entonces era responsable Rafael Valero, «tampoco dio importancia a lo denunciado en 2002 por el abogado de «Nayo» (huido, que alertó de los negocios de Toro y Trashorras)». El documento asegura que «fuimos -la Comandancia de Oviedo- los séptimos en tener conocimiento del tráfico de explosivos y los que más intensidad pusimos en investigarlo» y sitúa delante suyo una larga lista (ver la información a pie de página).
La descoordinación se extiende también al cauce entre las dos comandancias. Otro informe, elaborado por José Antonio Rodríguez Bolinaga (ex jefe de la Comandancia de Gijón y destituido por la famosa cinta de Cancienes), afirma que la Comandancia de Oviedo intentó desviar la atención que había sobre ella. El documento de la Comandancia de Oviedo se defiende y sostiene que la de Gijón «infravaloró» la información obtenida por ellos.
Pedro Laguna, por su parte, que llegó a llorar en su comparecencia ante la comisión de investigación, aseguró que «no hubo ninguna negligencia. Trabajamos hasta donde pudimos y en mi unidad no fallamos en ningún momento».
El informe de Aldea, ahora revelado íntegramente, detalla seis ocasiones para detener a Toro y a Trashorras antes del atentado
Oviedo / Gijón, I. R. / É. V.
Un informe del coronel Fernando Aldea -ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo-, incorporado al sumario por los atentados del 11-M, constata el caos, la descoordinación y la desorganización reinante en la Benemérita antes y después de la masacre. Incluye, además, importantes acusaciones a la Policía.
El documento, cuyo contenido textual ha salido ahora a la luz, pero que LA NUEVA ESPAÑA ya destacó al menos en dos ocasiones (por primera vez en agosto de 2005, la última el pasado 10 de abril), está calificado de secreto y en él Aldea sostiene que el coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), mintió en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados (en julio de 2004) para echar balones fuera y descargar a su unidad de responsabilidades sobre lo sucedido en los trenes de Madrid. Además, detalla hasta seis fallos para detener el tráfico de explosivos al que se dedicaban Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras. «Fuimos los séptimos» en tener conocimiento de ello, afirma.
Las conclusiones del informe sostienen que la Policía cometió «una grave irregularidad que permitió que 200 kilos de explosivos no fueran incautados y que Toro y Trashorras no recibieran el merecido reproche penal». Los avilesinos fueron procesados por este delito 5 meses antes de los atentados, a petición del entonces nuevo fiscal antidroga, José Perals.
Este documento, atribuido a Aldea como responsable de la Comandancia, fue posiblemente escrito por el comandante Francisco Jambrina -su «número dos»-, tal y como declaró este último durante la instrucción del sumario ante el juez Juan del Olmo. Una vez redactado, y tras presentárselo a Aldea, éste le pidió que retirara algunos párrafos. En concreto, los «retoques» afectaron a una parte del informe referido a la «operación Pípol», de la Policía, en la que se hablaba de que «en un registro que se dejó de hacer» no se incautaron 200 kilos de explosivos (que se sospecha que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras escondían al margen de lo aprehendido en el garaje de Avilés). Poner esto por escrito, afirmó Jambrina a Del Olmo, «no le pareció prudente» a Aldea, «porque parecía verter una acusación contra la Policía y no sabían si había sido así». Así, Jambrina sí retiró los párrafos del informe, tal como le había dicho su superior, pero omitió hacerlo de las conclusiones finales del mismo, tal y como se evidencia ahora en el escrito.
El informe -publicado ayer por «El Mundo»- contradice la declaración prestada por Hernando el 20 de julio de 2004, en la que aseguró que su unidad sólo envió una nota a la Guardia Civil de Asturias sobre el tráfico de explosivos de los dos ex cuñados, el 27 de febrero de 2003. Ahí, dijo, finalizó la actuación de la UCO en cuanto a la investigación de los hechos.
La Guardia Civil asturiana lo niega. Con esa nota, enviada «a petición de esta Comandancia», apostilla el informe, «se pretendía hacer reaccionar a la zona de Asturias para que autorizara a constituir un grupo mixto que, con personal de las dos comandancias, investigara el tráfico de explosivos». El responsable de la zona de Asturias era el hoy general Pedro Laguna, que no permitió la creación de esta unidad.
Pero existió otra nota enviada por la UCO, el 6 de marzo de 2003, en la que se aludía a 150 kilos de dinamita que Toro y Trashorras aseguraban -supuestamente- que tenían o podían conseguir. El comandante Jambrina aseguró a Del Olmo que Víctor -el «controlador» de Zouhier de la UCO- lo telefoneó el 26 de julio de 2004 para pedirle que la destruyera (porque era la evidencia de que la unidad debía de haber actuado por tratarse de un asunto de «delincuencia organizada y de ámbito nacional»). Él se negó. «Víctor» lo desmintió y declaró en el juicio por el 11-M que sólo lo llamó para pedirle que «procurara» que el escrito no se filtrara a la prensa.
Según el informe de Aldea, la UCO «infravaloró» la información de la que disponía y no dedicó recursos a la investigación. Y la Fiscalía, dice, de la que entonces era responsable Rafael Valero, «tampoco dio importancia a lo denunciado en 2002 por el abogado de «Nayo» (huido, que alertó de los negocios de Toro y Trashorras)». El documento asegura que «fuimos -la Comandancia de Oviedo- los séptimos en tener conocimiento del tráfico de explosivos y los que más intensidad pusimos en investigarlo» y sitúa delante suyo una larga lista (ver la información a pie de página).
La descoordinación se extiende también al cauce entre las dos comandancias. Otro informe, elaborado por José Antonio Rodríguez Bolinaga (ex jefe de la Comandancia de Gijón y destituido por la famosa cinta de Cancienes), afirma que la Comandancia de Oviedo intentó desviar la atención que había sobre ella. El documento de la Comandancia de Oviedo se defiende y sostiene que la de Gijón «infravaloró» la información obtenida por ellos.
Pedro Laguna, por su parte, que llegó a llorar en su comparecencia ante la comisión de investigación, aseguró que «no hubo ninguna negligencia. Trabajamos hasta donde pudimos y en mi unidad no fallamos en ningún momento».