Sentencia de la Audiencia Nacional

[morenohijazo]

El primer artículo de Tiempo:

Alejandina Gómez

agomez.tempo@grupozetaes

Ni rastro de ETA. La sentencia por los atentados del 1 1-M, la más esperada de la historia de la democracia, ha enterrado la teoría de la conspiración, la supuesta trama de policías, terroristas islamistas y etarras en connivencia con el PSOE para que éste ganara las elecciones y que ha sido utilizada como arma política contra el Gobierno de Zapatero por el principal partido de la oposición y algunos medios de comunicación.

El atentado más sangriento perpetrado hasta ahora en Europa, y que acabó con la vida de 191 personas —más el geo que murió el 3 de abril en la explosión de Leganés—y dejó heridas a más de 1.800, fue una operación perpetrada por ”miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista” que contaron con la ayuda del minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras. De ella formaban parte los siete miembros de la célula islamista que se suicidaron en Leganés.

El tribunal ha condenado a 21 de los 29 procesados a más de 120.000 años de cárcel, frente a los casi 300.000 que pedía la fiscal. Las penas más severas han sido para Jamal Zougam y Otman El Gnaoui (42.982 años de prisión para cada uno). A ambos se les considera autores materiales de la matanza. Les sigue Suárez Trashorras con 34.740 años. A otros 18 se les han impuesto condenas más leves, de entre 3 y 23 años de cárcel, y los ocho restantes han sido absueltos. La absolución más polémica ha sido la de Rabei Osman Sayed, el Egipcio. La Fiscalía lo acusaba de ser el autor intelectual de la masacre, basándose en unas grabaciones telefónicas que no han sido valoradas como prueba de cargo por el tribunal. Tampoco ha sido condenado por pertenencia a banda armada al haber sido ya juzgado y condenado por el mismo delito en Italia.

La polémica. La sentencia, leída in voce y en presencia de numerosas víctimas por el presidente y ponente de la resolución, Javier Gómez Bermúdez, no ha dejado satisfechas a las víctimas, que calificaron el fallo de “flojo” y han anunciado que lo recurrirán. Éstas no pudieron ocultar, sin embargo, su alegría cuando escucharon cómo el tribunal desmontaba uno a uno todos los bulos y dudas planteadas durante la instrucción y durante los cuatro meses y medio que duraron las sesiones de la vista oral sobre la autoría o el tipo de explosivo utilizado en la matanza, que tantos ríos de tinta y debates políticos y periodísticos han suscitado. La sentencia —cuyos hechos probados reproducimos íntegramente en un cuadernillo especial— cierra una página de nuestra historia y el capítulo más importante, pero no el definitivo, sobre la investigación de los atentados que se llevaron por delante al Gobierno de José María Aznar. El juez Juan del Olmo, instructor del sumario principal, tiene abiertas todavía seis piezas relacionadas con la matanza. Y no parece que se vaya a zanjar el debate político. La falta de un autor intelectual de los hechos ha dado alas al PP. Su líder, Mariano Rajoy, afirmó nada más conocer el fallo que el veredicto no deja cerrado el caso “ya que los acusados como inductores o autores materiales, en los términos que utiliza la sentencia, no han sido condenados como tales”. Rajoy adelantó, además, que su partido apoyará ”cualquier otra investigación que permita avanzar sin límites en la acción de la Justicia”.

Reacciones. Pese a que el tribunal desmonta parte del escrito de acusación del Ministerio Público, tanto desde la Fiscalía General del Estado como desde La Moncloa se subraya que ”la sentencia refrenda el armazón ideológico de la Fiscalía sobre la autoría islamista” y “descarta la participación de ETA”. El fallo, que se produce en plena precampaña y a sólo cuatro meses de las elecciones generales, no ha dejado indiferente a nadie. Esta circunstancia no favorece a los dirigentes del PP, especialmente aquellos diputados o altos cargos con el Gobierno de Aznar que han estado alentando las dudas sobre la autoría de los defensores de la conspiración contra Zapatero.

Pese a ello, el presidente del Gobierno adoptó el pasado miércoles una posición institucional y afirmó que la sentencia fijaba “la verdad de los hechos” y demostraba el “funcionamiento ejemplar de las instituciones”.También hizo un llamamiento a la unidad en la lucha contra el terrorismo y apeló a “mirar hacia adelante”. La declaración está en línea con la que ha venido manteniendo hasta ahora Zapatero, quien ha defendido que “la responsabilidad de un atentado es siempre de los terroristas”, y que “la responsabilidad política se tradujo en la pérdida de confianza de los votantes”, que el 14-M castigaron al PP en las urnas desalojándoles del poder “por el engaño al que fueron sometidos”.

Nadie duda, sin embargo, que el PSOE se tomará la revancha y responderá a los populares con su propia medicina. De hecho, durante el juicio, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, pidió a los populares que asumiesen responsabilidades después de que los policías que desfilaron por la vista oral dejasen al descubierto “la gran mentira que quisieron fabricar tras el atentado por miedo a perder las elecciones”. Los socialistas han venido señalando no sólo a Ángel Acebes, como ministro del Interior en aquella época, sino a todos los dirigentes del PP que, teniendo la convicción de que no era ETA la responsable del atentado, siguieron descartando la verdad policial que desde la misma :arde del día 11 apuntaba ya al terrorismo islamista.
Mariano Rajoy ha permanecido en un segundo plano frente a las tesis conspirativas, pero no ha impedido que alguno de sus máximos colaboradores, como el portavoz parlamentario Eduardo Zaplana y algunos diputados como Juan Ignacio del Burgo o Alicia Castro —ahora retirados de la primera línea de a política— hayan dado pábulo a las tesis defendidas desde algunos medios de comunicación. Una estrategia que sólo empezaron a cambiar al verse forzados por los demoledores testimonios de miembros de la cúpula policial al mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el 11-M. Estos desplomaron uno de los argumentos del PP contra el Ejecutivo socialista en medio de la campaña para las municipales y autonómicas de mayo pasado. La desafortunada comparecencia del director general de la Policía en el momento de los atentados y hoy eurodiputado popular Agustín Díaz de Mera, dejó a los pies de los caballos a su partido al afirmar que se había manipulado un informe del atentado donde ETA aparecía implicada en la masacre y ser desmentido en el propio juicio por la fuente a la que aludió. Díaz de Mera salió del juicio desacreditado políticamente y procesado por desobediencia. Sólo entonces, Rajoy fue explícito al desmarcarse de un asunto que había explotado políticamente su partido y afirmó que la teoría de la conspiración le traía “sin cuidado”. Una afirmación que se contradice con las numerosas interpelaciones parlamentarias presentadas sobre ese asunto por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados durante esta legislatura.

Las víctimas también piden responsabilidades políticas a quienes gobernaban en el momento de los atentados. “La foto de las Azores en la que aparece Aznar junto a Bush y Blair respaldando la guerra de Iraq ha sido la condena de muerte de nuestros familiares”, dicen. Por ello, además de la condena de los autores intelectuales, materiales o cooperadores necesarios de la matanza, exigen que pidan perdón quienes mintieron” sobre la autoría de la masacre.

Persiste la amenaza. Tres años y medios después de la matanza de los trenes, España sigue siendo objetivo del terrorismo yihadista, que se ha convertido junto a ETA en una de las prioridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los servicios antiterroristas aseguran que el 1 1-M puede volver a repetirse. De hecho, desde 2001 han sido detenidas 375 personas por su relación con el terrorismo internacional. El año de mayor actividad fue 2004, con un total de 131 arrestados. Desde enero de este año, un total de 41 islamistas han sido detenidos por la Policía y la Guardia Civil, ocho menos que en 2006 y menos de la mitad que en 2005, año que finalizó con 92 personas arrestadas. La última célula desarticulada el pasado 24 de octubre en Burgos estaba integrada por seis islamistas —cuatro argelinos y dos marroquíes— con conexiones en Internet que se encargaban de recaudar fondos a favor de la yihad (guerra santa).

Para evitar que se relacionen, los condenados por el 1 1-M serán repartidos por distintas cárceles. En ellas tendrán el régimen de aislamiento que siguen los penados por terrorismo. Con ello se pretende desactivar cualquier movimiento dentro de las prisiones que pretenda ayudar a nuevas células terroristas que supongan una amenaza para nuestro país. No obstante, el Ministerio del Interior mantiene que estamos en el mismo nivel de riesgo que otros países de nuestro entorno, pero ahora mucho mejor preparados para afrontar la amenaza.•