El libro de la mujer de GB merece hilo propio

[morenohijazo]

Otra muestra de la profesionalidad de LD es que no ponen enlaces a los manifiestos que critican:

http://www.libertaddigital.com/noticias/...25184.html

Un periódico o medio de comunicación debería ofrecer a sus lectores la posibilidad de leer libremente y criticar aquellos documentos que están en el centro del debate. LD no lo hace así. Exige una fe completa en sus lectores de que lo que les cuentan es así, como lo ve el redactor de LD, y no hay más cáscaras. Son los liberales de Federico, que no los liberales a secas, y lo pongo en cursiva para que no se confunda.

Si acudimos al manifiesto completo vemos que:

http://www.juecesdemocracia.es/txtComuni...rzo08.html
Algunos párrafos, lkos más conflictivos, serían:

Tal es, sin duda, el efecto perseguido al tratar de persuadir a la ciudadanía de que existe un grave problema de delincuencia en la franja de edad comprendida entre los 12 y 14 años, o de que delincuencia e inmigración son un binomio inseparable. En ambos casos se trata de afirmaciones alarmistas carentes de base empírica y, por tanto, del más mínimo rigor.

Importante: no hay base empírica, no hay rigor. En el caso recientísimo de la niña Mª Luz, el asesino no era un niño, no era gitano (la víctima era niña y era gitana) ni era inmigrante. El uso de Federico de este caso para justificar sus diatribas contra inmigrantes, menores delincuentes y colectivos como los gitanos es... ¿para qué decir nada?

En este contexto, el recurso al derecho penal es sólo una de las técnicas disponibles, pero no la única. Y, por su peculiar naturaleza, es precisamente un medio del que debe hacerse un uso en última instancia y presidido por la moderación. Además, en este punto, no cabe soslayar que España es uno de los países de la Unión Europea con menor tasa de delitos, pero con uno de los índices más altos de personas privadas de libertad.

Interesante.

Poniendo en circulación la falsa idea de que el problema de la delincuencia tiene un origen legislativo, en la supuesta debilidad de la respuesta penal, se busca inducir en la opinión una sensación de inseguridad y la consiguiente demanda de endurecimiento de las penas previstas para algunos delitos.

Desde la Ilustración, hay un pensamiento que vértebra el modelo de intervención penal de inspiración democrática: no es la agravación de las penas, sino la eficacia de la persecución penal, no es la duración de aquéllas, sino la alta probabilidad de que, cometido un delito, se producirá la condena del responsable en términos de racionalidad y proporcionalidad, lo que de verdad puede disuadir al delincuente.

Muy cierto. Comprobable con la Seguridad Vial. Es la cercanía y la seguridad del castigo lo que produce una disminución de la delincuencia.

...las políticas criminales rigurosas pasan por dotar a la justicia penal de garantías jurídicas y medios suficientes para cumplir sus fines constitucionales. Mientras las que se traducen en propuestas hipercriminalizadoras, regularmente acompañadas de la renuncia a la mejora del sistema penal, encierran un grave contrasentido, que las deslegitima de la manera más radical.

Máxime cuando los delitos que llaman la atención de la opinión pública, los asesinatos como el de Mª Luz, son sólo una minoría. La prensa tiene gran parte de culpa en que un delito como el terrorismo, sin ninguna víctima en tres años, esté continuamente en el candelero y se hable de hipercriminalizar a sujetos que escriben cartas a los periódicos, mientras que se permite que decenas de asesinatos que se cometen en España tengan un castigo menor porque quien los cometió no tenía motivación política, o no hayan salido a la luz pública.

Antes de recurrir a la revisión legislativa, habría que analizar con rigor técnico-jurídico y criminológico la legalidad vigente, para objetivar y hacer públicas las eventuales deficiencias, con objeto de propiciar un debate al respecto. El Código Penal de 1995, y la Ley de Menores de 2000 aún no han alcanzado su mayoría de edad.

Así las cosas, someter a ambos textos, como está sucediendo de manera reiterada, a continuas reformas sin justificar (probablemente por injustificables); sin apoyo en análisis estadísticos fiables que den razón de las necesidades de cambio; sin explicar en qué fallaron los preceptos a derogar; y, sobre todo, sin dar cuenta del alcance real, es decir, en términos prácticos, de la modificación, es sólo un signo claro de irracionalidad política.

Reformas en las que por cierto, el PSOE también ha caído, por convicción o por arrastramiento. Recordemos las medidas adoptadas para el problema de la violencia de género, algunas de las cuales son dudosamente constitucionales. En este sentido, también podría entenderse que el manifiesto critica al PSOE. ¿Cómo se puede comprender que la misma agresión sea falta o delito según quien la comete? ¿Cómo se puede entender, si lo que se pretende es proteger al desvalido, que la agresión al anciano, o al niño, sea tipificada de menor "categoría" que la de la mujer?

Por otra parte, hay que recordar que el artículo 25.2 de la Constitución impone que las penas privativas de libertad se orienten a la reeducación y la reinserción social. Siendo así, pretender la reforma de las leyes penales para exigir el cumplimiento íntegro de las penas por determinados delitos, no apunta, precisamente, en esa dirección, sino hacia el inconstitucional reforzamiento de la exclusión social de los afectados.

Es políticamente deshonesto introducir en el debate público ideas inconciliables con la Constitución; y más aún hacerlo con ocultación de este dato. Dignidad, proporcionalidad y reinserción son valores constitucionales, centrales de nuestro sistema penal. Si se pretende reducir o excepcionar su vigencia, tendría que justificarse esta opción como tal, asumiendo el coste que lleve consigo. No hacerlo así, ocultando a los destinatarios de la misma su verdadero carácter, es defraudar a la ciudadanía y enlodar el debate democrático.

Éste punto anterior es muy importante por lo que diré luego.

Pero veamos las conclusiones:

Todo lo anterior nos lleva a los firmantes, profesionales del derecho comprometidos con la realidad y con los valores constitucionales:

A reclamar seriedad, equilibrio y racionalidad en el debate público sobre política criminal.
A llamar la atención sobre el hecho de que en los últimos años, y desde todos los sectores políticos, se han dado pasos firmes ya irreversibles, en la pendiente resbaladiza de la respuesta penal simbólica y propagandística.
A levantar nuestra voz contra semejantes expresiones de irracionalidad.

Porque consideramos irracional:
- usar la política penal como única ratio;
- hacer propuestas legislativas con desconocimiento del objeto de regulación;
- sostener que el endurecimiento de las penas basta para reducir los índices de delincuencia;
- presentar a los menores y a los inmigrantes como fáciles chivos expiatorios, para concentrar sobre ellos el rechazo social;
- reformar compulsivamente las leyes sin una previa evaluación de las posibles deficiencias de la legislación derogada y de la verdadera eficacia de la que se promueve;
- y, desde luego, postular reformas legales al margen e incluso en contra de la Constitución. No podemos aceptar que se den pasos atrás en el largo camino recorrido con tanto esfuerzo para tratar de conseguir un sistema de intervención penal basado en la humanidad, en la reinserción, en la culpabilidad y en la proporcionalidad; máxime cuando, además, el ideal constitucional sigue estando todavía tan lejos.

Tengan en cuenta que no soy abogado ni nada de eso, por si los gazapos...

Destacaba yo la importancia del punto que advierte contra la introducción en el Debate político de un elemento de modificación de la Constitución sin advertir previamente de ello.

Porque pienso que la necesidad de sacar el manifiesto antes de la cita electoral es, justamente, por éso. Ciertamente, podría haberse esperado para publicarse tras las elecciones. Pero imaginemos un escenario con una victoria por mayoría absoluta de un partido (el que sea): ¿no esgrimirían esta victoria, estos diputados, como una demostración de la voluntad del pueblo? Recordemos que en los princiopios de la Democracia se hurtó a la población (con buen o mal criterio, no vamos a discutir de éso) muchos debates que se consideraron superados con el mayoritario apoyo a la Constitución (que fue votada en un porcentaje altísimo por miedo, no nos engañemos). De la misma manera, el Manifiesto advierte sobre la posibilidad de que un partido eventualmente ganador pretenda usar la decisión popular como un plebiscito sobre unos asuntos que, para su modificación, requieren de mayoría constitucional, digamos así, y, lo que es peor, sin advertir sobre ello. La gente no fue a votar sabiendo que algunas de las propuestas para luchar contra la delincuencia, o la inmigración, necesitan un repaso constitucional.

Y también estoy en que en este caso se ha pretendido continuar una campaña que, desde determinados medios, se emprendió para criminalizar a una determinada corriente de la magistratura (igual que desde otra parte de los medios se pueda estar haciendo lo mismo contra otra corriente de jueces, no nos engañemos)y, en concreto, el juez Gómez Bermúdez, azote de conspiracionistas.

Pondré un ejemplo salido de otros ámbitos no judiciales para que se entienda. Pensemos en una de las medidas que adoptó el Gobierno, a mi juicio con intenciones claramente electoralistas: la vacunación obligatoria contra el Virus del Papiloma Humano. Ya expresé en otro hilo mi opinión sobre el tema, así que no voy a sacar el tema. Ahora bien. Las distintas Sociedades científicas y Colegio Profesional de Médicos ha sacado su opinión sobre el caso, unos a favor, otros en contra, sin que nadie se rasgue las vestiduras.

Los que se oponen, opinan, y así lo han dicho, que la decisión se apoya en datos inciertos, en muchos casos por incompletos o por sesgados. Consideraron importante, y así lo hicieron, expresar su opinión antes de las elecciones, sin esperar a que un Gobierno salido de las urnas dijera: "No, es que lo tenemos en nuestro programa electoral. La población lo pide así".

Si el Gobierno que promueve la vacuna hubiera sido del PP, ¿qué hubiera dicho Federico? Hubiera buscado entre los firmantes a enemigos suyos (el Dr. Montes en cabeza) y, de encontrarlo, me lo imagino: "[i]No contento con asesinar ancianitos, el menguele de Leganés quiere que las mujeres no se curen del cáncer bla bla bla "... Ya sé que la vacuna no cura, pero a Federcio nunca le ha importado mucho la propiedad al radiar comentarios.

En fin, como diría Losantos.

A lo mejor no es tan malo que los jueces (de cualquier corriente) puedan opinar sobre la naturaleza de la ley. Total, hay vocales del CGPJ que opinan de todo lo que les parece, sin que se rasgue las vestiduras Federico. ¿Recuerdan aquél que dijo que "escuchando a Escribano ante el juez Garzón" se le pusieron los pelos de punta? No haber oido más que una versión, no saber nada del caso, no le impidió largar en radio lo que se le antojó