Pues fíjense en la noticia que saca hoy El Mundo en la página 11, ilustrada con una fotografía de Gonzalo Boye (o Boyé, que nunca sé cómo es):
La AVT reclama el pago de la indemnización por el secuestro de Revilla a manos de ETA.
Exige la ejecución de la sentencia en la que fue condenado Gonzalo Boye, acusador en el 11-M.
Fernando Lázaro.
El paso es lento, pero no se detiene nunca. Así, sentencias dictadas hace más de 12 años siguen vivas y los condenados aún deben responder de sus acciones. La AVT sigue dispuesta a no dejar pasar ni una en lo que respecta a las condenas por terrorismo. El pasado día 25 envió a la Sala de lo Penal de la AN un escrito en el que pide que se ejecute en su totalidad la sentencia por el secuestro del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA.
Recuerda la AVT que, en sentencia se 1996, el ahora abogado Gonzalo Boye, entre otros, fue condenado a 14 años, ocho meses y un día de reclusión menor, con una accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Boye está actualmente representando a una de las acusaciones por los atentados del 11-M, cuya sentencia de la AN comenzó a ser revisada ayer por el Tribunal Supremo.
Pero, además de esa pena, Boye, y los también condenados Alexis Alberto Corvalán y René Miguel Valenzuela, fueron condenados a indemnizar a Revilla "en forma conjunta y solidaria", el la cantidad de 200 millones de las antiguas pesetas y a las costas de la acusación popular, es decir, a las costas de la AVT. Esta acusación entiende que entre los condenados por el secuestro "existen personas solventes que pueden hacer frente a esa responsabilidad civil".
"Solicitamos que se proceda a la ejecución de la sentencia firme dictada en todos sus términos, ya sea la prisión de los condenados como la responsabilidad civil a abonar", indica el escrito.
Para ello, la AVT pide a la Audiencia que oficie a la Dirección General de la Seguridad Social con el fin de que conste si los acusados aparecen en situación de alta en alguno de los regímenes de la SS o perciben algún tipo de prestación. También reclama la declaración de la renta de los condenados desde 1996. Asimismo, pide que se oficie desde la AN a la Oficina de Averiguación Patrimonial para que emita una certificación en la que consten los bienes inmuebles a nombre de los tres acusados.
El empresario Emiliano Revilla fue secuestrado por la organización terrorista ETA en 1988. El comando etarra que perpetró la acción, contó con la estrecha colaboración de tres miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno (MIR). Entre estos se encontraba el ahora letrado Gonzalo Boye, quien, según la sentencia de la AN, participó activamente en los trabajos de ayuda al comando etarra que perpetró la acción. De hecho, entre otras labores, prestó su propio vehículo para que otros colaboradores pudieran realizar seguimientos de la víctima. La AN detalló que los colaboradores recibieron ayuda económica de ETA "como parte de la retribución de la actividad de los procesados, procedente del rescate" entregado para lograr su liberación.
La Audiencia condenó a Boye por realizar "vigilancia e información" en el secuestro del empresario. Boye representa en la causa sobre la masacre del 11-M a una acusación particular, la de la víctima Angélica Geria. Durante el juicio tuvo numerosas intervenciones en las que intentaba ridiculizar cualquiera de las teorías que se apartara mínimamente de la versión oficial, defendida a capa y espada por el Ministerio Público.
De hecho, el tribunal le llamó la atención en varias ocasiones cuando desacreditaba cualquier referencia de la organización terrorista ETA con la masacre (sic).
Boye estuvo en prisión por su implicación en el secuesto de Revilla durante un año. Fue puesto en libertad bajo fianza el resto del procedimiento (sic). Boye fue detenido por agentes de la Comisaría General de Información tras descubrirse el zulo de Madrid donde estuvo secuestrado el empresario.
Hasta aquí la noticia. La he escrito entera porque no sabía por dónde empezar a resumirla. Ningún párrafo tiene desperdicio. Aparte de la oportunidad de publicarla precisamente hoy, la veo plagada de insinuaciones maliciosas.
La AVT reclama el pago de la indemnización por el secuestro de Revilla a manos de ETA.
Exige la ejecución de la sentencia en la que fue condenado Gonzalo Boye, acusador en el 11-M.
Fernando Lázaro.
El paso es lento, pero no se detiene nunca. Así, sentencias dictadas hace más de 12 años siguen vivas y los condenados aún deben responder de sus acciones. La AVT sigue dispuesta a no dejar pasar ni una en lo que respecta a las condenas por terrorismo. El pasado día 25 envió a la Sala de lo Penal de la AN un escrito en el que pide que se ejecute en su totalidad la sentencia por el secuestro del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA.
Recuerda la AVT que, en sentencia se 1996, el ahora abogado Gonzalo Boye, entre otros, fue condenado a 14 años, ocho meses y un día de reclusión menor, con una accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Boye está actualmente representando a una de las acusaciones por los atentados del 11-M, cuya sentencia de la AN comenzó a ser revisada ayer por el Tribunal Supremo.
Pero, además de esa pena, Boye, y los también condenados Alexis Alberto Corvalán y René Miguel Valenzuela, fueron condenados a indemnizar a Revilla "en forma conjunta y solidaria", el la cantidad de 200 millones de las antiguas pesetas y a las costas de la acusación popular, es decir, a las costas de la AVT. Esta acusación entiende que entre los condenados por el secuestro "existen personas solventes que pueden hacer frente a esa responsabilidad civil".
"Solicitamos que se proceda a la ejecución de la sentencia firme dictada en todos sus términos, ya sea la prisión de los condenados como la responsabilidad civil a abonar", indica el escrito.
Para ello, la AVT pide a la Audiencia que oficie a la Dirección General de la Seguridad Social con el fin de que conste si los acusados aparecen en situación de alta en alguno de los regímenes de la SS o perciben algún tipo de prestación. También reclama la declaración de la renta de los condenados desde 1996. Asimismo, pide que se oficie desde la AN a la Oficina de Averiguación Patrimonial para que emita una certificación en la que consten los bienes inmuebles a nombre de los tres acusados.
El empresario Emiliano Revilla fue secuestrado por la organización terrorista ETA en 1988. El comando etarra que perpetró la acción, contó con la estrecha colaboración de tres miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno (MIR). Entre estos se encontraba el ahora letrado Gonzalo Boye, quien, según la sentencia de la AN, participó activamente en los trabajos de ayuda al comando etarra que perpetró la acción. De hecho, entre otras labores, prestó su propio vehículo para que otros colaboradores pudieran realizar seguimientos de la víctima. La AN detalló que los colaboradores recibieron ayuda económica de ETA "como parte de la retribución de la actividad de los procesados, procedente del rescate" entregado para lograr su liberación.
La Audiencia condenó a Boye por realizar "vigilancia e información" en el secuestro del empresario. Boye representa en la causa sobre la masacre del 11-M a una acusación particular, la de la víctima Angélica Geria. Durante el juicio tuvo numerosas intervenciones en las que intentaba ridiculizar cualquiera de las teorías que se apartara mínimamente de la versión oficial, defendida a capa y espada por el Ministerio Público.
De hecho, el tribunal le llamó la atención en varias ocasiones cuando desacreditaba cualquier referencia de la organización terrorista ETA con la masacre (sic).
Boye estuvo en prisión por su implicación en el secuesto de Revilla durante un año. Fue puesto en libertad bajo fianza el resto del procedimiento (sic). Boye fue detenido por agentes de la Comisaría General de Información tras descubrirse el zulo de Madrid donde estuvo secuestrado el empresario.
Hasta aquí la noticia. La he escrito entera porque no sabía por dónde empezar a resumirla. Ningún párrafo tiene desperdicio. Aparte de la oportunidad de publicarla precisamente hoy, la veo plagada de insinuaciones maliciosas.