15-10-2008, 13:33:48
Psseee. Yo creo que es imposible que el Estado salga en defensa de todos los profesionales calumniados a su servicio. Continuamente se informa en la prensa falsedades sobre tal o cual médico, enfermera, abogado, trabajador de la residencia de ancianos o lo que sea, que ha comedido una "gravísima negligencia". Muchas de esas informaciones se revelan falsas. ¿Debe el Estado querellarse contra todos los periodistas que lo hacen? Resultaría imposible.
Otra cosa es si el Estado debe defender su propia acción como Función Pública cuando ésta es afectada. Por ejemplo, en el caso de Ruiz, defender la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con todos los desmentidos que haga falta, y llevando a los tribunales a quienes, como Federico, acusan continuamente a todo el Gobierno, y los Cuerpos de la Función Pública, de asesinos, golpistas, y mil cosas más. Podemos pensar que sí debería hacerlo, pero el caso es que las Administraciones Públicas (no sólo el PSOE, las Comunidades regidas por el PP actúan igual) consideran que para el ofensor es más rentable, aunque parezca paradójico, enfrentarse a una demanda; pues pocas de ellas acaban en condena cuando el ofendido es el Estado o un Poder Público, y en cambio se da mucha publicidad a las mentiras del ofensor.
Tampoco creo que sea cuestión de que los defienda el Sindicato, o los Colegios Profesionales. Salgamos un poco del caso que nos ocupa para entender lo que quiero decir. Supongamos que un médico es acusado de abusar de un paciente. Aunque el Colegio Profesional o el Sindicato de Médicos conozcan el caso y estén seguros de su inocencia, no sé si compete a un sindicato (que tiene como objetivos velar por los intereses laborales y socioeconómicos de sus afiliados) o a un Colegio (que, aparte de evitar el intrusismo, debe velar por una actuación correcta de sus profesionales) defenderlos. Proporcionar asesoramiento, sí. Pero personarse en el juicio, quizás no.
Yo creo que la solución pasa por un exacto cumplimiento de la ley, con condenas muy rigurosas para los que la transgreden, que no se sigue cuando entra en conflicto con la mal llamada "libertad de expresión". Digo mal llamada porque, como hemos visto, la auténtica libertad de expresión no capacita a los medios de comunicación para decir todo lo que quieran.
Una de los requisitos que marca la ley para que un periodista no incurra en un delito de calumnias o injurias, es que el periodista haya dado todos los pasos posibles para comprobar la veracidad de la noticia. Eso no ocurre casi nunca. Pero si se condenara duramente a quien calumnia a un policía, juez o lo que sea, habiendo publicado una información falsa sin haber dado los pasos necesarios para constrastarla, se terminaría el problema
Otra cosa es si el Estado debe defender su propia acción como Función Pública cuando ésta es afectada. Por ejemplo, en el caso de Ruiz, defender la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con todos los desmentidos que haga falta, y llevando a los tribunales a quienes, como Federico, acusan continuamente a todo el Gobierno, y los Cuerpos de la Función Pública, de asesinos, golpistas, y mil cosas más. Podemos pensar que sí debería hacerlo, pero el caso es que las Administraciones Públicas (no sólo el PSOE, las Comunidades regidas por el PP actúan igual) consideran que para el ofensor es más rentable, aunque parezca paradójico, enfrentarse a una demanda; pues pocas de ellas acaban en condena cuando el ofendido es el Estado o un Poder Público, y en cambio se da mucha publicidad a las mentiras del ofensor.
Tampoco creo que sea cuestión de que los defienda el Sindicato, o los Colegios Profesionales. Salgamos un poco del caso que nos ocupa para entender lo que quiero decir. Supongamos que un médico es acusado de abusar de un paciente. Aunque el Colegio Profesional o el Sindicato de Médicos conozcan el caso y estén seguros de su inocencia, no sé si compete a un sindicato (que tiene como objetivos velar por los intereses laborales y socioeconómicos de sus afiliados) o a un Colegio (que, aparte de evitar el intrusismo, debe velar por una actuación correcta de sus profesionales) defenderlos. Proporcionar asesoramiento, sí. Pero personarse en el juicio, quizás no.
Yo creo que la solución pasa por un exacto cumplimiento de la ley, con condenas muy rigurosas para los que la transgreden, que no se sigue cuando entra en conflicto con la mal llamada "libertad de expresión". Digo mal llamada porque, como hemos visto, la auténtica libertad de expresión no capacita a los medios de comunicación para decir todo lo que quieran.
Una de los requisitos que marca la ley para que un periodista no incurra en un delito de calumnias o injurias, es que el periodista haya dado todos los pasos posibles para comprobar la veracidad de la noticia. Eso no ocurre casi nunca. Pero si se condenara duramente a quien calumnia a un policía, juez o lo que sea, habiendo publicado una información falsa sin haber dado los pasos necesarios para constrastarla, se terminaría el problema
La mentira tiene las patas cortas, pero calza zancos al lado de las exclusivas conspiracionistas
