Querellas conspis

[morenohijazo]

"El Mundo" de hoy


Observen cómo Pedro Jota titula "11-M, como si este tema tuviera que ver con los atentados, y no con una querella que le ha puesto un particular

11-M / Las reacciones
Rajoy acusa al fiscal de tratar a EL MUNDO de forma 'diferente'

El director del Instituto Internacional de Prensa reclama que se retire la petición de cárcel contra Rubio y está «asombrado» de que ocurra en un país de la UE

-->CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid
Mariano Rajoy denunció ayer la petición de tres años de cárcel contra el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio como una «demostración inequívoca del trato diferente a los ciudadanos por parte de la Fiscalía».

Ante los miembros de la Junta Directiva Nacional de su partido, el presidente del PP comparó la diligencia mostrada por el Ministerio Público en este caso con su decisión de no «investigar» siquiera la revelación de secretos denunciada por Génova sobre el caso Gürtel divulgados por el diario El País.

Por otra parte, el presidente del Instituto Internacional de Prensa, David Dadge, pidió ayer la retirada de la acusación contra Rubio y se mostró «asombrado» de que esto ocurra en un país de la Unión Europea.

La referencia de Rajoy a uno y otro diario fue sólo implícita en su literalidad. «Resulta verdaderamente sorprendente», comenzó por decir en relación a EL MUNDO, «la noticia publicada en un medio de comunicación de que la Fiscalía pide tres años de cárcel y otras penas para un periodista por revelar secretos». «Pues aquí se revelan secretos de sumario y de otro tipo todos los días», pasó a denunciar en alusión a El País, «y no he visto jamás a la Fiscalía tomar una decisión, ni siquiera la de investigar».

Pero Rajoy estaba ayer muy lejos de entrar en una guerra de medios ni, mucho menos, de pedir penas o responsabilidades penales para los periodistas de El País, a los que, de hecho, exculpaba en su propia denuncia del pasado mes de julio. Su interés era, primero, contextualizar el caso de Rubio como un ejemplo más de la arbitrariedad de la Fiscalía. No en vano, citó el asunto justo a continuación de pronunciar esta sentencia: «Este partido afirma que la Fiscalía trata de forma diferente a los miembros del PP y del PSOE».

En segundo lugar, y precisamente, el interés de Rajoy era recordar la citada denuncia del PP, interpuesta por revelación de secretos e interceptación de las comunicaciones -y ya «admitida a trámite», como bien se encargó de puntualizar- que apunta como responsables tanto a la Policía Judicial como a la propia Fiscalía.

En este sentido se expresaba ayer el portavoz del PP, Esteban González Pons, en declaraciones a este diario: «Es surrealista», dijo, «que la Fiscalía quiera meter en la cárcel a Antonio Rubio por contar una verdad que podría ayudar a resolver un caso importante en la Historia de España, y no se persiga a sí misma por las filtraciones de los sumarios secretos que tantas veces parecen provenir de sus despachos».

«Una cosa y otra ponen de manifiesto», añadía, «que la Fiscalía está al servicio del poder político y de la verdad oficial». Y es que para González Pons, «a Rubio le persiguen por destapar una olla podrida como es el 11-M, que es la que quiere tapar el Gobierno». «Con fiscales generales como éste», añadía, «a los periodistas libres puede hacerles falta ser aforados, como a los diputados de la oposición».

El portavoz popular insistió en que «la tarea de los periodistas es desvelar la verdad, sobre todo la que los políticos no quieren. Por eso, cuando a un periodista se le persigue por ello, se hace por el mero hecho de ser periodista». Por último, Pons pedía al fiscal general del Estado que «deje en paz a los buenos y se dedique a perseguir a los malos, que cada día hay más en España».

Por otra parte, desde el PSOE, la secretaria de Organización, Leire Pajín, se limitó a expresar «su respeto» por la decisión de la Fiscalía, según informa Manuel Sánchez. No obstante, la dirigente socialista apuntó que quería señalar «el claro compromiso del PSOE, que siempre se ha dejado la piel y lo seguirá haciendo, por la libertad de expresión y de información, con independencia de que esté de acuerdo o no con las informaciones que se publiquen».

La diputada de UPyD, Rosa Díez, acusó a la Fiscalía de estar «alejada de la sociedad, porque selecciona contra quién va por quién es, y no por los hechos», según informa Raúl Conde. Además, dijo que este tipo de casos «permite concluir que tenemos una Justicia muy poco independiente».

La nota de la IPI, por desinformada que esté, da juego...

El Instituto Internacional de Prensa, «asombrado» de que esto pase en la UE
Su director hace un llamamiento para que se «retiren inmediatamente los cargos»

-->RAÚL CONDE

Madrid

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, en sus siglas en inglés), una de las organizaciones decanas en la defensa de la libertad de expresión -con presencia en 120 países-, difundió ayer un comunicado en el que criticó duramente la petición de cárcel e inhabilitación realizada por el fiscal jefe de Madrid para el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio.

El texto incluye una declaración del director del IPI, David Dadge, en la que afirma que están «sorprendidos por que semejantes cargos estén siendo presentados contra un periodista en España» y hace un llamamiento al fiscal jefe de Madrid para que «los retire inmediatamente». Además, Dadge considera «simplemente deplorable» que esto ocurra «en una nación democrática y miembro de la UE».

Fue la reacción internacional a la petición del fiscal, idéntica a la formulada dentro de España por las principales asociaciones y sindicatos de periodistas.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), Magis Iglesias, consideró que la actuación del Ministerio Público es «una barbaridad y un disparate». Asimismo, destacó que Antonio Rubio hizo su trabajo sin exceder el artículo 20 de la Constitución, en el que se reconoce el derecho a la libertad de expresión.

Un ataque contra ese derecho es lo que el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, aseguró que se ha producido con la petición de la Fiscalía, que considera «desmedida y desproporcionada».

«La información publicada por Rubio es cierta y veraz; el papel del periodista es la búsqueda de la verdad, por lo que la petición del fiscal va en contra de la doctrina de los propios tribunales», manifestó González Urbaneja. En su opinión, la posición del Ministerio Público demuestra que «no ha entendido nada sobre lo que es la profesión periodística».

En la misma línea se expresó Dardo Gómez, presidente de la Federación de Sindicatos de Periodistas, que tildó de «auténtica barbaridad la pena que está pidiendo el fiscal». Según dijo, «el Estado tiene que tomar medidas para que no se filtren datos que no quiere» que se conozcan, ya que «luego los periodistas trabajan al albur del fiscal que les toque».

Ya tenemos otro fiscal al que difamar y poner a los pies de los caballos

EDUARDO ESTEBAN / Fiscal jefe de Madrid
Un pupilo de Bermejo carente de experiencia

-->MARÍA PERAL

Madrid

Desde el 29 de febrero de 2008 controla todos los procesos penales de la Fiscalía provincial de Madrid, la mayor de España. Eduardo Esteban Rincón, segoviano de 52 años, fue designado fiscal jefe de Madrid pese a que no logró el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal, órgano que representa a la carrera. La Asociación de Fiscales denunció públicamente la existencia de maniobras para favorecer su nombramiento.

De entrada, el Ministerio de Justicia imprimió celeridad al concurso para la provisión del cargo. Había dos buenas razones para ello: en febrero de 2008, el ministro de Justicia era Mariano Fernández Bermejo, maestro y amigo de Esteban, quien estaba llamado a ocupar un puesto clave en la estructura del Ministerio Público como bien sabe el propio Bermejo, que fue jefe de la Fiscalía de Madrid durante 11 años. En segundo lugar, había elecciones generales en marzo. Era mejor asegurarse de que este hombre de la máxima confianza de Bermejo quedara cuanto antes al frente del órgano por el que pasan todos los asuntos penales que se instruyen en los Juzgados madrileños.

Esteban, en aquel momento fiscal raso destinado en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, no tenía ninguna experiencia de mando y era el número 505 del escalafón. Frente a él concurría al cargo el fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, número 21. La Asociación de Fiscales aseguró, sin ser desmentida, que un día antes de la reunión del Consejo Fiscal Silva «recibió llamadas telefónicas de los máximos responsables de la Fiscalía General», incluido Cándido Conde-Pumpido. Acto seguido, retiró su candidatura y dejó el camino despejado para la elección de Esteban sin contrincante alguno.

Culpabilizando a Olga Sánchez... dos meses después de publicar su nombre en el diario

11-M / La acción judicial
La Fiscalía desveló el nombre de 'Cartagena' en el juicio del 11-M

El fiscal jefe Zaragoza y Olga Sánchez se 'saltaron' la protección

-->MANUEL MARRACO

Madrid

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y la fiscal encargada del 11-M, Olga Sánchez, revelaron en el juicio por la masacre que el verdadero nombre del confidente Cartagena era Abdelkader el Farssaoui. Lo hicieron en la exposición de su informe de conclusiones definitivas, uno de los momentos más relevantes de un juicio que pudo seguirse en directo por todo el mundo.

Esa misma actuación, afirmar que Cartagena era El Farssaoui, es la que abre el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid contra el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio, para el que pide tres años de prisión por revelación de secretos. El escrito arranca afirmando que en mayo de 2005 el periodista «elaboró un artículo que revelaba que el confidente policial alias Cartagena era Abdelkader Farssaoui [...]».

Algo que también se pudo escuchar por boca del mismísimo fiscal jefe de la Audiencia el 11 de junio de 2007, durante la sesión matutina del juicio del 11-M. «Otro aspecto importante y esencial de la investigación han sido sin duda las declaraciones prestadas por los confidentes, uno de ellos testigo, Abdelkader el Farssaoui, alias Cartagena, y otros dos coimputados», afirmó Zaragoza en su informe ante el tribunal.

Horas más tarde, en la sesión vespertina, la fiscal del caso ofreció una versión ampliada de lo desvelado por su superior, encadenando el número de testigo protegido, el alias por el que le conocía la Policía y su apellido real. «El testigo protegido con número de identificación 11.304, denominado Cartagena, El Farssaoui, conocía los movimientos de estos grupos, y da datos de ellos hasta el mes de julio del año 2003 [...]», declaró Olga Sánchez.

Aún volvió a mencionar a Cartagena una vez más, en esta ocasión llamándole directamente por el apellido, supuestamente secreto. «Así, por las declaraciones de El Farssaoui conocemos la relación, posteriormente corroborada por otros extremos, que tenía con el procesado [...]».

Por aquellas fechas, la Fiscalía ya no veía a Cartagena como un testigo relevante para obtener condenas en varios juicios por islamismo. El áspero tono del interrogatorio de Olga Sánchez revelaba que se trataba más bien de un incómodo testigo dispuesto a destapar supuestas manipulaciones de la Policía y, de paso, demostrar su incapacidad para interpretar correctamente unos datos que podían haber evitado la masacre.

En el interrogatorio, la fiscal también desveló otros datos personales sobre Cartagena por cuya divulgación la Fiscalía de Madrid acusa al subdirector de EL MUNDO, como el hecho de que hubiera ejercido de imam en una mezquita de Villaverde (Madrid).

El supuesto desliz de la Fiscalía durante el juicio del 11-M no pasó desapercibido a otras acusaciones personadas en la causa. Al día siguiente de la intervención de Zaragoza y Sánchez, el letrado de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, José María de Pablo, se refirió con mucha más prudencia al confidente: «Cartagena, yo no voy a decir su apellido porque creo que sigue siendo testigo protegido [...]».