Querella Ruiz Gallardón contra Losantos por el 11M

[Errante]

Vaya portada la de Público:

http://img518.imageshack.us/img518/3612/...uv3.th.jpg

je je... Pero si es más un payaso desequilibrado que otra cosa.

Lo más interesante es el artículo de Ernesto Ekaizer, sobre todo la referencia a Pedro J. que deja a éste en entredicho por su doble rasero en el uso de la predendida libertad de expresión.

http://www.publico.es/estaticos/pdf/17062008.pdf

Una sentencia contra la teoría
de la conspiración

Se puede afirmar que en el
juicio contra Federico Jiménez
Losantos también
se ha sentado en el banquillo
la teoría de la conspiración
sobre los atentados del 11-M? Y,
más precisamente: la sentencia condenatoria
de Jiménez Losantos, ¿se
extiende a la vez a aspectos importantes
de la teoría de la conspiración
de la cual Jiménez Losantos fue uno
de sus creadores?
La sentencia de la jueza Iglesias
Sánchez está construida sobre dos
pilares: los insultos proferidos por el
periodista y, al tiempo, los hechos imputados
al alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón. Jiménez Losantos
insultó al alcalde y ello lo hizo a
cuenta de una serie hechos que, según
la sentencia, son falsos. Tanto los
insultos como los hechos injuriosos
ventilados en esta causa bordeaban
las llamadas “calumnias indirectas”,
aquellas en las que se ofrecen medios
de prueba inveraces de los que otros
pueden deducir la imputación. Bordeaban
estas injurias, pues, un delito
–la calumnia– que se inscribe en el
ámbito de la Administración de Justicia.
Que la jueza ha sido consciente
de esta frontera entre las injurias y las
calumnias da fe la manera en que ha
abordado el asunto al relatar los hechos
y extraer las consecuencias.
Pero Jiménez Losantos, por su parte,
no ha sido menos consciente de
esa frontera. Su argumento central
consistió en invocar, de hecho, lo que
se llama la exceptio veritatis es decir,
la veracidad de sus imputaciones.
Aunque en el delito de injurias dirigido
a particulares dicha excepción
no está prevista, sí existe como tal
cuando la injuria se dirige contra funcionarios
públicos. Y, claro, Ruiz-Gallardón
lo es. La exceptio veritatis está
contemplada, por supuesto, en el
delito de calumnia, en el cual el acusado
quedará exento de toda pena
probando el hecho criminal que hubiere
imputado. Pero si Jiménez Losantos
hubiera probado la veracidad
de sus imputaciones – en estos delitos
la carga de la prueba está en poder
de los acusados– le hubiera puesto
a la jueza muy difícil la sentencia
condenatoria.
Jiménez Losantos ha insultado a
Ruiz-Gallardón a cuenta de que el alcalde
de Madrid quería tapar la investigación
del 11-M. ¿Qué pruebas
aportó Jiménez Losantos para demostrar
que su acusación estaba fundada?
Una respuesta del alcalde en
un acto convocado por el diario Abc.
La jueza recuerda, antes de valorar la
prueba, que “lo que la Constitución
exige es que el informador transmita
como ‘hechos’ lo que ha sido objeto
de previo contraste con datos objetivos,
privando de la garantía constitucional
a quien, defraudando el derecho
de todos a la información, actúe
con menosprecio de la veracidad
o falsedad de lo comunicado al no
desplegar la diligencia exigible en su
comprobación, o comunique como
hechos simples rumores o, peor aún,
meras invenciones o insinuaciones
insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto,
la información rectamente obtenida
y difundida, aún cuando su total
exactitud resulte controvertible”.
Y a continuación, sentencia de
manera cauta primero: “En el caso
presente no se ha probado la veracidad
en relación con las imputaciones
realizadas”. Al examinar las declaraciones
de los testigos propuestos por
la defensa de Jiménez Losantos (entre
ellas la del coautor intelectual de
la teoría de la conspiración, Pedro J.
Ramírez), la jueza concluye: “De lo
hasta aquí expuesto resulta que el
acusado imputó al querellante hechos
falsos: que en el foro de Abc del
7 de junio de 2006 había dicho que
no hay que investigar el 11-M, que
había que olvidarlo y que intentaba
tapar el 11-M”.
La jueza señala: “El acusado, cuando
hizo esas afirmaciones a través de
la Cadena Cope, no transmitió hechos
veraces, en consecuencia no actuó
en el ejercicio del derecho a comunicar
libremente información veraz
protegido por el artículo 20.1.d
de la Constitución Española”. Los dos
pilares se resumen en esta frase de la
sentencia: “El querellado por un lado
imputó hechos falsos (injurias consideradas
graves) y por otro, utilizó
de forma reiterada insultos y descalificaciones
con imputaciones gravemente
ofensivas”.
¿Qué tiene todo esto que ver con
la afirmación de que junto a Jiménez
Losantos se enjuiciaban aspectos
de la teoría de la conspiración? Es
bastante evidente: el periodista pretendía
que Ruiz-Gallardón se salía
del guión escrito para la política del
Partido Popular y que el alcalde de
Madrid se puso de acuerdo con políticos
socialistas, la Policía, la Guardia
Civil, el juez instructor y la fiscal
del caso para bloquear la investigación.
Precisamente: como Ruiz-Gallardón
no secundaba la teoría, en línea
con otros destacados dirigentes
del PP, tenía que ser objeto de los ataques
de Jiménez Losantos. ¡Leña al
mono hasta que aprenda la conspiración!
La idea del encubrimiento –en
la línea del Watergate de los años setenta–
era la gran obsesión de los autores
intelectuales de la teoría de la
conspiración. Y, por tanto, la acusación
a Ruiz-Gallardón era fundamental.
La jueza revisita una y otra
vez en la sentencia esas imputaciones,
antes y después de la presentación
de la querella por parte del alcalde.
“Lo esencial en este debate
no es quién tenga razón o si el pasarse
de frenada en las formas puede
a veces hacer perderla a los ojos
de los demás a quien la tiene, sino
cuál va a ser el rumbo que en materia
de libertad de expresión adoptará
la sociedad española”, escribió
Pedro J. Ramírez, director del diario
El Mundo, tras explicar sus esfuerzos,
inútiles, para que Ruiz-Gallardón
retirase la querella contra
Jiménez Losantos.
Se equivocó Pedro J. Lo esencial
es lo siguiente: Losantos apoyó sus
insultos en unos hechos falsos. Pedro
J. hizo, según él mismo ha escrito,
todo lo posible para persuadir
al alcalde a fin de retirar la querella.
Sin embargo, hace ahora algunos
años, fue el director de El
Mundo quien presentó una querella
por presuntas calumnias contra
quien esto escribe por decir que había
participado activamente con el
coronel Juan Alberto Perote en una
auténtica conspiración. En el juicio
oral, el acusado, es decir, quien
esto escribe, aportó pruebas documentales
de lo que afirmaba. El entonces
titular del juzgado penal número
9, Jesús Gutiérrez Gómez, falló
en 1998 contra las pretensiones
de Pedro J. porque, entre otras cosas,
“la noticia había sido objeto de
un seguimiento e investigación por
parte del acusado [Ernesto Ekaizer],
como lo demuestra el hecho
de que éste fuera interrogado por la
acusación particular [representante
de Pedro J.] acerca de otros artículos
periodísticos escritos con anterioridad
al que es objeto de esta
querella, estimándose que el hecho
publicado en julio de 1997 fue contrastado
anteriormente con otro tipo
de informaciones, algunas de
las cuales constan en las actuaciones
como son unas cartas del coronel
Perote que hacían referencia al
Sr. Ramírez y de las cuales el acusado
infirió racionalmente el hecho
que posteriormente publicó, por lo
que no se puede decir que aquél no
hubiere prestado la diligencia debida
para obtener una determinada
información y contrastarla posteriormente
ni que su conducta se
hubiera llevado a cabo con absoluto
desprecio a la verdad”.
Pedro J. decidió quedarse como
estaba y no recurrió la sentencia.
Jiménez Losantos, en cambio, ha
anunciado recurso.

Desdel El Plural:

“Sentencia contra la democracia”, afirma Pío Moa

Pedro a Federico: “Vd. no es un delincuente, aunque lo diga la juez, pero lo quieren callar”
J.D.
“El predicador, condenado”. Certero titular del diario Público en su edición de hoy. Pero Pío Moa -ese arbitrario revisionista de la historia, nostálgico de la dictadura-, que militó en el grupo terrorista Grapo, considera la condena judicial de su compadre don Federico “una sentencia contra la democracia”.

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Se trata, dice, de “una campaña sostenida de largo tiempo atrás contra Jiménez Losantos por los enemigos de las libertades y promotores del desmantelamiento de la Constitución”. Añade el antiguo terrorista converso, y ubicado en la extrema derecha, que Gallardón “es uno de los más conspicuos compinches de los destructores de la ley”.

Fina argumentación
Su fina argumentación –que recuerda el sonido de un eructo o el de una ventosidad- se percibe con facilidad en este colofón: “Puede afirmarse que los involucionistas y balcanizadores están degradando España al país de la Trola Rampante (y del choriceo y el puterío). Estamos ante un nuevo episodio, ciertamente grave, de esa degradación”.

Espada de Damocles
En Libertad Digital -periódico electrónico fundado por Losantos y del que es vicepresidente-, la crónica de la condena se transforma en un alegato contra la juez que ha osado condenar al locutor episcopal. Éste señala que “la jueza [es] quien falsea los hechos en su sentencia”. Precisa que todo esto “supone una espada de Damocles sobre la libertad de crítica al poder político”. Y advierte que le gustaría “ejercer algún tipo de acción contra la jueza”. Para ello exhortaba a que le ayudase la Asociación de la Prensa de Madrid.

La Asociación de la Prensa
Sin embargo, muy pronto le debió de llegar a este “mártir de la libertad de insultar” la opinión del presidente de la citada Asociación de la Prensa, Fernando González Urbaneja. Según el presidente de los periodistas madrileños, Jiménez Losantos se “ha colocado un poco más allá del periodismo”. Urbaneja fue vilipendiado de inmediato, naturalmente, desde el periódico referido. Urbaneja había puntualizado –con toda la razón- que la libertad de expresión incluye “la crítica más acerba, pero hay límites a esa crítica, que son las libertades y los derechos de otras personas”.

Fallo, mal fundamentado
El Mundo, en cambio, sostiene en su editorial –como no podía ser de otro modo- que el “fallo” de la juez está “mal fundamentado” pues “ataca la libertad de expresión”. Reprocha el editorialista a la juez que base sus conclusiones “recurriendo como argumento de autoridad a las ambiguas declaraciones de Ignacio González, Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana y Ángel Acebes, que sostuvieron durante la vista, en contra de lo que afirmaban una y otra vez en privado, que lo que dijo Gallardón no contradecía la línea del partido”.

Paladino reconocimiento
Paladino reconocimiento, en todo caso, de hasta qué extremo algunos de los políticos más amigos o afines de Losantos y de Ramírez -citados por el locutor como testigos- dejaron a éste en el juicio con el culo al aire, literalmente. Muchísimo más fiel a Losantos ha sido Francisco José Alcaraz, ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que califica la sentencia de “política”.

Mordaza
Fidelísimo también, como siempre, Pedro J. Ramírez. A través de los micrófonos de la emisora confesional católica, ha absuelto a Losantos y ha descrito como “descarriada” la interpretación de la juez. Y ha advertido de que la sentencia amenaza, en caso de reincidencia, con la “inhabilitación” del condenado. Ha hablado de “mordaza” y ha avisado de que quieren “callarle a usted”.

El coro copeliano
Y solemnemente lo ha casi beatificado: “Lo que usted no es, querido amigo, un delincuente por mucho que lo diga la juez”. A los periodistas críticos con Losantos los ha etiquetado, el director de El Mundo, de “gandules y atolondrados”. El coro copeliano se ha sumado a tan emotiva ceremonia de desagravio. En primera instancia, sí, pero de momento, “el predicador, condenado”.

Editorial de Estrella Digital (Pablo Sebastián y Germán Yanke):

La condena de Losantos y la Conferencia Episcopal

Editorial
La condena, por la vía penal, del director y presentador del programa La Mañana de la COPE Federico Jiménez Losantos, por el delito de injurias con publicidad contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, es un hecho de la mayor gravedad por cuanto la citada emisora es propiedad de la Conferencia Episcopal Española, y aunque el injuriado no haya querido querellarse también contra los propietarios de la citada cadena radiofónica, sí existe una clara responsabilidad moral y empresarial por parte del que es órgano supremo del obispado español y, por supuesto, de los directivos de la COPE, empezando por Coronel de Palma, cuya dimisión, o su cese, no debería de tardar, como primera medida.
No estamos, como ha pretendido Jiménez Losantos, habitual difamador de todo y de todos, ante un problema de libertad de expresión o un habitual enfrentamiento entre políticos y periodistas. Las injurias del locutor de la COPE contra el alcalde de Madrid, y concretamente aquellas en las que le acusaban de traicionar a las víctimas del atentado terrorista del 11-M para lograr sus ambiciones políticas, son, además de una rotunda falsedad, una canallada inadmisible. Similar a otras muchas, cientos de ellas, que este personaje, un verdadero intruso en la profesión periodística, ha lanzado en contra de casi todos los dirigentes políticos e institucionales, aquí incluida con especial alevosía la figura del Rey y la Casa Real, sin olvidar, en todo ello, a algunos prelados de la Conferencia Episcopal, o al nuncio del Papa, al que ha llamado masón.
La Conferencia Episcopal, y todos aquellos tertulianos que le han bailado el agua al injuriador de Losantos —que ya tiene antecedentes penales por su ataque desmedido a Gallardón—, están incluidos en la sentencia por más que no les afecte de manera judicial y directa. La condena mancha a la COPE, daña y afecta a la Conferencia Episcopal y constituye una vía abierta y un precedente para otras demandas y querellas en curso contra este mismo personaje que, para colmo, se ha creído el salvador de España.
Y el estratega e ideólogo del PP, un partido al que —en colaboración con el diario El Mundo, donde Losantos es el columnista político por excelencia— empujó hacia el abismo camino de su derrota electoral del 9 de marzo, tras subirse, todos ellos, en el carro de la fantasmal conspiración del 11-M, y de una extrema derecha, ruidosa y vociferante. La que todavía reclama para el PP Jiménez Losantos como la única y verdadera defensora de los extraños principios que, según el enloquecido locutor, pretende traicionar la actual dirección del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, para provocar un vuelco en el congreso de este partido del próximo fin de semana.
En realidad, no hacía falta esta condena para que la Conferencia Episcopal reflexionara y actuara frente a tamaño desvarío que, conocidos los niveles de agresividad e histrionismo, tenía que ser abordado, tarde o temprano, por la Justicia, y puede que también por algún departamento de psiquiatría, porque el personaje, en su demencial megalomanía de la que hace gala —se presenta convencido de que es un héroe nacional—, y parece haber entrado, de manera irreversible, en el campo de la sinrazón, por razones psíquicas y físicas difíciles de explicar.
Además, este pintoresco locutor, que se pasó desde la extrema izquierda comunista a la extrema derecha confesional, nunca ha sido un periodista, sino más bien un agitador. Un intruso en esta profesión, donde para colmo ha practicado la competencia desleal y el tráfico de favores con políticos a los que daba su “protección”, mientras arrasaba a los demás. La sentencia condenatoria que ahora soporta —aunque la recurra, hasta el infinito— es una justa sentencia y señala un límite del que nadie debe pasar. Como también señala, aunque no la cite, con el dedo, a la Conferencia Episcopal.

Relacionado con lo anterior, extraido de El Plural:

Los obispos decidirán el 27 de junio la continuidad del presidente consejero delegado de la COPE, Alfonso Coronel de Palma, de quien dependen las gestiones de Losantos. Aunque se anunció que el locutor continuaría al menos un año más, la renovación no consta aún formalmente en ningún acta del consejo de administración. La emisora de los obispos proclama en sus principios profesiones y éticos que "en la expresión de opiniones propias y ajenas, la COPE observará como regla de estilo el respeto a las personas y el diálogo civilizado, rehuyendo el apasionamiento unilateral y la crítica sistemática".