16-08-2008, 18:06:05
Toda esta parte del articulo de Allica me parece incontestable. Es simplemente una relacion de hechos:
Inmersos en esa vorágine de tensión permanente nos fuimos acercando a los meses finales de 2003. Meses después del 11M nos enteraríamos de que en noviembre de aquel año (2003) el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó al Gobierno sobre la posible presencia de un terrorista argelino en Madrid. Se trataba de Allekema Lamari. El CNI sugería al Ministerio de Interior que dirigía Ángel Acebes que Lamari podría estar planeando un atentado y se explicaba que el argelino había enviado unos giros con dinero a algunos de sus contactos, todos ellos presos. Este hecho era interpretado por nuestros servicios secretos como una posible despedida, bien porque Lamari se fuera del país o bien porque estuviera a punto de cometer una acción violenta. Allekema Lamari fue detenido en 1997 durante una operación policial contra miembros del Grupo Islámico Armado (GIA), pero salió de la cárcel en junio de 2002 por uno de esos siempre oportunos –y sospechosos- errores judiciales que tan frecuentemente favorecen a aquellos de quienes se sospecha que son confidentes policiales. Más o menos en aquellas mismas fechas en las que el CNI emitía su nota informativa, el diputado socialista Jordi Pedret calificaba la detención de unos presuntos islamistas en Cataluña como “propaganda” que tendría como fin justificar la guerra de Irak y alarmar a la población mediante una alarma absolutamente desproporcionada. Pedret se refirió a los detenidos en la Operación Lago como el “comando Dixán”, haciendo gala de un peculiar sentido del humor, con la intención de ridiculizar aquellas detenciones. Mientras el CNI alertaba del posible atentado terrorista de Allekema Lamari, el PSOE e IU, a través de Caldera y Llamazares, se permitían el lujo de bromear con aquellas operaciones policiales. Hay una clara línea que separa a los que venían preparando el ambiente gracias a sus dotes premonitorias, de aquéllos –políticos- a los que el 11M les cogió totalmente por sorpresa. El comportamiento de Pedret, Caldera o Gaspar Llamazares les situaría en este segundo grupo.
A penas mes y medio después de esa nota informativa en la que el CNI ponía al Gobierno sobre aviso en cuanto a la inminente peligrosidad de Lamari, tenía lugar otro suceso que marcaría los acontecimientos previos al 11M: en la Nochebuena de 2003 dos miembros -sin ninguna experiencia- de la banda terrorista ETA colocaron sendos artefactos de más de 25 kilogramos de dinamita Titadyne en dos trenes Intercity Irún-Madrid. La intención de los terroristas, según la sentencia que les condenó a 2775 años de prisión a cada uno, habría sido la de causar una masacre en la estación de Chamartín. Los atenuantes que expuso la Defensa no fueron tenidos en cuenta y se consideró que el objeto de los dos sujetos era claramente un intento deliberado de asesinar a decenas, tal vez cientos de personas. Las bombas estaban programadas para estallar más de media hora después de la llegada de los trenes a la estación. A uno de los dos terroristas le detuvo la Policía de San Sebastián antes de que llegara a colocar el artefacto. En Burgos los artificieros desactivaron la otra bomba: nadie se tomó la molestia de informarles acerca de cómo estaba montada la que había sido aprehendida en San Sebastián. Teóricamente, ETA había enviado a dos muchachos noveles y cuya única formación terrorista era un cursillo de 45 minutos, a cometer una masacre de proporciones incalculables.
Transcurrió un mes y los españoles nos despertamos con otra controvertida noticia: el diario ABC publicaba que tres semanas atrás, el 4 de enero, Carod Rovira se había reunido con dirigentes de la banda terrorista ETA en la localidad francesa de Perpignan. Las reacciones no se hicieron esperar: José Luis Rodríguez Zapatero manifestó su firme convicción de que “nada se puede negociar con los violentos”; José Luis Carod Rovira puso su cargo a disposición del entonces Presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall; Ángel Acebes pidió explicaciones a los responsables políticos catalanes… Pero las declaraciones más curiosas llegarían después: el 29 de enero, el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, lanzaba duras críticas al Gobierno de José María Aznar por haber recurrido a esa filtración intencionadamente, haciendo un uso irresponsable de nuestros servicios de Inteligencia y poniendo así en peligro los dispositivos de vigilancia que había planeando sobre la cúpula etarra.
En aquellos primeros meses de 2004 el CNI le entregó otra nota informativa al Gobierno. En esta ocasión le comunicaban que tras varios intentos fallidos la banda terrorista ETA ya estaba en condiciones de cometer atentados utilizando teléfonos móviles como activadores de sus bombas.
Pasaron unas semanas más y el 29 de febrero se produciría otro importante hito en el camino hacia el 11M: el 29 de febrero de 2004 la Guardia Civil detendría en Cañaveras una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivos. Los etarras de nuevo eran dos jóvenes sin experiencia previa en actos terroristas. En uno de los dos vehículos que conducían había un álbum de fotos que llevó a la Guardia Civil hasta la localidad asturiana de Mieres. También había un mapa en el que el Corredor del Henares venía rodeado con un óvalo, quedando Alcalá en la parte superior de éste. Los etarras no se opusieron a colaborar (de hecho, el que conducía el coche lanzadera, que tuvo que ingresar en un hospital con lesiones leves a consecuencia de un accidente previo, se identificó abiertamente como miembro de la banda terrorista ETA) y explicaron que planeaban cometer un atentado en algún polígono industrial. Asimismo, narraron cómo su primer encargo dentro de ETA había sido sembrar la pista de esquí de Baqueira con doce o trece mochilas bomba, con el objetivo de cometer un magnicidio. ETA había enviado a dos cachorros recién llegados al mundo terrorista a asesinar al Rey Juan Carlos colocando una docena de bombas en su entorno lúdico, pero al parecer la climatología lo impidió. Y como segundo bautismo de fuego, 536 kilos de explosivos después de atravesar toda la península.
A los pocos días de la detención, el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkárraga, hizo unas manifestaciones absolutamente sonrojantes: mostraba sin tapujos su extrañeza por la noticia de la detención de los jóvenes etarras. Según él, el hecho de que buena parte de la península estuviera sepultada por espesos mantos de nieve hacía a todas luces inviable el viaje de la furgoneta. Insinuaba el consejero vasco que todo era un montaje de los servicios de Inteligencia españoles y acusaba al ministro Acebes de la falta de información al respecto. Al mismo tiempo, Azkárraga acusaba al Partido Popular de no tener escrúpulos a la hora de emplear el terrorismo como arma arrojadiza. Durísimas palabras si tenemos en cuenta que estaba acusando al ejecutivo poco menos que de haber fabricado una detención, un atentado y a dos terroristas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el por aquel entonces Presidente de Extremadura, se hizo eco de las dudas de Azkárraga e ironizó al respecto diciendo que sin duda los ciudadanos tenían “muy mala fe” y que por eso el Gobierno tenía que esforzarse en convencerlos de que la operación antiterrorista de Cañaveras no era “una mentira”. Según Ibarra, en la sociedad se habían extendido serias dudas que debían ser disipadas para que la gente no pensara que podíamos estar ante una pantomima montada por el Gobierno de Aznar. El político extremeño fue respondido por Rafael Hernando, del Partido Popular, que afirmó que sólo los miserables pueden dudar de las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad.
Inmersos en esa vorágine de tensión permanente nos fuimos acercando a los meses finales de 2003. Meses después del 11M nos enteraríamos de que en noviembre de aquel año (2003) el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó al Gobierno sobre la posible presencia de un terrorista argelino en Madrid. Se trataba de Allekema Lamari. El CNI sugería al Ministerio de Interior que dirigía Ángel Acebes que Lamari podría estar planeando un atentado y se explicaba que el argelino había enviado unos giros con dinero a algunos de sus contactos, todos ellos presos. Este hecho era interpretado por nuestros servicios secretos como una posible despedida, bien porque Lamari se fuera del país o bien porque estuviera a punto de cometer una acción violenta. Allekema Lamari fue detenido en 1997 durante una operación policial contra miembros del Grupo Islámico Armado (GIA), pero salió de la cárcel en junio de 2002 por uno de esos siempre oportunos –y sospechosos- errores judiciales que tan frecuentemente favorecen a aquellos de quienes se sospecha que son confidentes policiales. Más o menos en aquellas mismas fechas en las que el CNI emitía su nota informativa, el diputado socialista Jordi Pedret calificaba la detención de unos presuntos islamistas en Cataluña como “propaganda” que tendría como fin justificar la guerra de Irak y alarmar a la población mediante una alarma absolutamente desproporcionada. Pedret se refirió a los detenidos en la Operación Lago como el “comando Dixán”, haciendo gala de un peculiar sentido del humor, con la intención de ridiculizar aquellas detenciones. Mientras el CNI alertaba del posible atentado terrorista de Allekema Lamari, el PSOE e IU, a través de Caldera y Llamazares, se permitían el lujo de bromear con aquellas operaciones policiales. Hay una clara línea que separa a los que venían preparando el ambiente gracias a sus dotes premonitorias, de aquéllos –políticos- a los que el 11M les cogió totalmente por sorpresa. El comportamiento de Pedret, Caldera o Gaspar Llamazares les situaría en este segundo grupo.
A penas mes y medio después de esa nota informativa en la que el CNI ponía al Gobierno sobre aviso en cuanto a la inminente peligrosidad de Lamari, tenía lugar otro suceso que marcaría los acontecimientos previos al 11M: en la Nochebuena de 2003 dos miembros -sin ninguna experiencia- de la banda terrorista ETA colocaron sendos artefactos de más de 25 kilogramos de dinamita Titadyne en dos trenes Intercity Irún-Madrid. La intención de los terroristas, según la sentencia que les condenó a 2775 años de prisión a cada uno, habría sido la de causar una masacre en la estación de Chamartín. Los atenuantes que expuso la Defensa no fueron tenidos en cuenta y se consideró que el objeto de los dos sujetos era claramente un intento deliberado de asesinar a decenas, tal vez cientos de personas. Las bombas estaban programadas para estallar más de media hora después de la llegada de los trenes a la estación. A uno de los dos terroristas le detuvo la Policía de San Sebastián antes de que llegara a colocar el artefacto. En Burgos los artificieros desactivaron la otra bomba: nadie se tomó la molestia de informarles acerca de cómo estaba montada la que había sido aprehendida en San Sebastián. Teóricamente, ETA había enviado a dos muchachos noveles y cuya única formación terrorista era un cursillo de 45 minutos, a cometer una masacre de proporciones incalculables.
Transcurrió un mes y los españoles nos despertamos con otra controvertida noticia: el diario ABC publicaba que tres semanas atrás, el 4 de enero, Carod Rovira se había reunido con dirigentes de la banda terrorista ETA en la localidad francesa de Perpignan. Las reacciones no se hicieron esperar: José Luis Rodríguez Zapatero manifestó su firme convicción de que “nada se puede negociar con los violentos”; José Luis Carod Rovira puso su cargo a disposición del entonces Presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall; Ángel Acebes pidió explicaciones a los responsables políticos catalanes… Pero las declaraciones más curiosas llegarían después: el 29 de enero, el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, lanzaba duras críticas al Gobierno de José María Aznar por haber recurrido a esa filtración intencionadamente, haciendo un uso irresponsable de nuestros servicios de Inteligencia y poniendo así en peligro los dispositivos de vigilancia que había planeando sobre la cúpula etarra.
En aquellos primeros meses de 2004 el CNI le entregó otra nota informativa al Gobierno. En esta ocasión le comunicaban que tras varios intentos fallidos la banda terrorista ETA ya estaba en condiciones de cometer atentados utilizando teléfonos móviles como activadores de sus bombas.
Pasaron unas semanas más y el 29 de febrero se produciría otro importante hito en el camino hacia el 11M: el 29 de febrero de 2004 la Guardia Civil detendría en Cañaveras una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivos. Los etarras de nuevo eran dos jóvenes sin experiencia previa en actos terroristas. En uno de los dos vehículos que conducían había un álbum de fotos que llevó a la Guardia Civil hasta la localidad asturiana de Mieres. También había un mapa en el que el Corredor del Henares venía rodeado con un óvalo, quedando Alcalá en la parte superior de éste. Los etarras no se opusieron a colaborar (de hecho, el que conducía el coche lanzadera, que tuvo que ingresar en un hospital con lesiones leves a consecuencia de un accidente previo, se identificó abiertamente como miembro de la banda terrorista ETA) y explicaron que planeaban cometer un atentado en algún polígono industrial. Asimismo, narraron cómo su primer encargo dentro de ETA había sido sembrar la pista de esquí de Baqueira con doce o trece mochilas bomba, con el objetivo de cometer un magnicidio. ETA había enviado a dos cachorros recién llegados al mundo terrorista a asesinar al Rey Juan Carlos colocando una docena de bombas en su entorno lúdico, pero al parecer la climatología lo impidió. Y como segundo bautismo de fuego, 536 kilos de explosivos después de atravesar toda la península.
A los pocos días de la detención, el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkárraga, hizo unas manifestaciones absolutamente sonrojantes: mostraba sin tapujos su extrañeza por la noticia de la detención de los jóvenes etarras. Según él, el hecho de que buena parte de la península estuviera sepultada por espesos mantos de nieve hacía a todas luces inviable el viaje de la furgoneta. Insinuaba el consejero vasco que todo era un montaje de los servicios de Inteligencia españoles y acusaba al ministro Acebes de la falta de información al respecto. Al mismo tiempo, Azkárraga acusaba al Partido Popular de no tener escrúpulos a la hora de emplear el terrorismo como arma arrojadiza. Durísimas palabras si tenemos en cuenta que estaba acusando al ejecutivo poco menos que de haber fabricado una detención, un atentado y a dos terroristas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el por aquel entonces Presidente de Extremadura, se hizo eco de las dudas de Azkárraga e ironizó al respecto diciendo que sin duda los ciudadanos tenían “muy mala fe” y que por eso el Gobierno tenía que esforzarse en convencerlos de que la operación antiterrorista de Cañaveras no era “una mentira”. Según Ibarra, en la sociedad se habían extendido serias dudas que debían ser disipadas para que la gente no pensara que podíamos estar ante una pantomima montada por el Gobierno de Aznar. El político extremeño fue respondido por Rafael Hernando, del Partido Popular, que afirmó que sólo los miserables pueden dudar de las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad.