nuevo enigma EL CHINO NO EXISTE ?

[morenohijazo]

Había aquí un post de Pantalla que ha desaparecido, diciendo que los peones insistían en que ellos no tenían que acreditar su interés legítimo, en virtud del artículo 234 de la LOPJ.

Je, Je, qué mentirosos son...

Artículo 234. Redacción según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

1. Los secretarios y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la ley. También expedirán los testimonios en los términos previstos en esta Ley.

2. Asimismo las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo tendrán derecho a obtener copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados.

Es evidente que ni el certificado solicitado cumple la condición de constar en autos, ni la Asociación en cuestión ha acreditado un legítimo interés.

Este punto, como todo el mundo comprenderá fácilmente, ha de ser especialmente cuidado para evitar violaciones de la intimidad de los menores http://www.bosch-online.net/Novedades/Ju...-2007.html y de las mujeres maltratadas.

Pero, además, imaginemos que una acusación particular de un etarra en un juicio por torturas pide documentos privados (certificados de matrimonio, nacimientos, etc) de la familia de los funcionarios de prisiones a los que acusa. El acabóse. En el caso de Libertad Digital,. el continuóse del comenzóse con la defensa de los terroristas islámicos.

Los Delpinianos asumen, como es costumbre, la presunción de que las Asociaciones de Víctimas "buenas" tienen siempre conductas e intenciones intachables, por lo que no tienen obligación de acreditar interés legítimo, mientras que las personas cuyas declaraciones no fueron de su agrado han cometido uno o más delitos, por lo que no tienen derecho a la protección de su intimidad. Y suplantan a los jueces en el ejercicio de la función de decidir quién tiene derecho a qué.